"El presidente Macri ha incurrido en las causales que establece la Constitución para el juicio político, y es nuestra obligación como legisladores impulsar la apertura del proceso", dijo a Sputnik uno de los firmantes, el diputado Guillermo Carmona.
El artículo 53 de la Constitución establece dos causales para dar comienzo a un proceso de este tipo: mal desempeño del mandatario, o un delito en el ejercicio de sus funciones.
"El común denominador es un presidente que confunde la gestión pública con sus negocios privados, lo que constituye una contradicción con la Constitución y la legislación vigente en materia de ética pública", señaló Carmona, vicepresidente primero de la Comisión de Relaciones Exteriores.
"La justicia investiga la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, y en el caso del juicio político, se busca investigar la responsabilidad política del presidente en el ejercicio de sus funciones", explicó.
La Constitución, por otro lado, no establece una instancia judicial previa para activar el mecanismo del juicio político.
Divergencias
Entre los 15 de los 70 legisladores del FpV que firmaron la convocatoria se encuentra José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista (PJ), que aglutina a buena parte del peronismo.
Entre ellos se destaca el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que la calificó de "medida extrema".
Aunque "es respetable que haya legisladores que no coincidan con nosotros", aceptó Carmona, "las palabras de Pichetto denotan un intento de minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo", sostuvo el vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores.
De persistir la actitud de Macri, "es probable que esos mismos dirigentes cambien de opinión en algún momento", afirmó.
Perspectivas en adelante
Ninguno de los diputados que firmaron el pedido especula con las posibilidades de que el juicio prospere, añadió el diputado.
"Están las causales, así que corresponde que lo solicitemos, porque el Congreso no puede mirar para otro lado", manifestó.
Éste es el primer pedido de juicio político que afronta Macri, recordó el legislador y sostuvo que "si el mandatario sigue incurriendo en inconductas en el desempeño de la función pública que está protagonizando, es muy probable que éste no sea el último", concluyó.
El primero es un acuerdo que en un comienzo había aceptado el Estado con la empresa de servicio postal Correo Argentino, mientras estuvo en manos del padre del mandatario, Franco Macri, por una deuda impaga que arrastraba la compañía desde 1999 de 900 millones de dólares, 293 de los cuales correspondían al Estado.
Según ese convenio con el Estado, Correo Argentino debía pagar unos 600 millones de pesos (3,87 millones de dólares) hasta el año 2033, lo que suponía "una quita velada del 98,82%" de la deuda, según un dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que era parte del proceso de homologación del convenio.
Macri, que fue imputado por la justicia, dio marcha atrás con el acuerdo y solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación.
El presidente fue denunciado penalmente por otro supuesto fraude al Estado tras la reciente venta de la aerolínea Macair Jet, perteneciente a la familia Macri, a la colombiana Avianca.
El pedido de los 15 diputados opositores debería ser discutido por la Comisión de Juicio Político, presidida por un legislador oficialista.
De obtener dictamen, la solicitud pasaría a la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para prosperar.
