"Hay un mensaje de derechos humanos a la comunidad internacional, y otro a la comunidad local, que no dialogan entre sí", dijo la directora de la oficina local de Amnistía, Mariela Belski, en un encuentro con periodistas.
Luego de las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar la inmigración, Macri presentó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el propósito de modificar una ley migratoria "que fue debatida durante 10 años, que es modelo a nivel internacional y que tuvo el debate de la sociedad civil, de las organizaciones de migrantes y de legisladores", recordó la directora de Amnistía en Argentina.
"Los datos no demuestran ninguna situación de urgencia que amerite un DNU", añadió.
Ante organismos internacionales, el Poder Ejecutivo garantiza el derecho del aborto, mientras que dentro del país "dice todo lo contrario".
"Afuera Argentina se muestra más progresista y comprometida con los derechos humanos", aseguró Belski.
Desde 1921, la legislación argentina penaliza el aborto y solo lo autoriza en caso de violación, o si el embarazo representa un peligro para la vida o para la salud de la madre o del feto.
Contradicciones internas
Amnistía criticó asimismo lo que calificó como "una ausencia de agenda de derechos humanos que sea transversal a todas las áreas del Gobierno".
La entidad manifestó su preocupación por el hecho de que "el propio Gobierno ponga en debate temas que fueron zanjados por la justicia y la sociedad, como el número desaparecidos durante la (última) dictadura (1976-1983)".
"Nos preocupa esa estrategia y que este sea el discurso en materia de derechos humanos", señaló Belski.
El titular de la Dirección General de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, fue imputado días atrás por la justicia después de negar la existencia de un plan sistemático de desapariciones durante la dictadura.
Éste no fue, sin embargo, el único funcionario del Gobierno que cuestionó el consenso social de lo que significó la última dictadura.
El ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, tuvo que renunciar a su cargo en julio de 2016 después de negar que el terrorismo de Estado de aquellos años fuera responsable de la desaparición de 30.000 personas, una cifra esgrimida durante décadas por organismos de derechos humanos que no fue formalmente cuestionada por el Estado en el período democrático.
El propio presidente Mauricio Macri afirmó en agosto del año pasado que no tenía "idea" de la cifra precisa de víctimas.
Dos mensajes distintos
El Poder Ejecutivo, por otro lado, también hace uso "de las redes sociales, de los trolls y de cualquier medio tecnológico para interceptar llamadas o para amedrentar a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos", denunció.
Amnistía Internacional publicó su Informe Anual 2016-2017 sobre violaciones de derechos humanos en 159 países, que divulga desde hace 40 años.
