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"Hay intereses ocultos para no encontrar a nuestros familiares"

© REUTERS / Bernardo Montoya Miembros de Amnistía Internacional participan en una manifestación en recuerdo de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México.
Miembros de Amnistía Internacional participan en una manifestación en recuerdo de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México. - Sputnik Mundo
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En el marco de la polémica por la discusión de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, Sputnik habló con el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores. El proyecto se encuentra retenido en el Senado mexicano desde hace meses, en medio de protestas sociales.

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La norma es impulsada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 40 colectivos, entre ellos la asociación que preside Ocegueda Flores, quien busca información sobre su hijo desde 2007.

"En algunos estados no está tipificado el delito de desaparición forzada, el cual es registrado en su lugar como secuestro o privación ilegal de la libertad. Se trata de un delito muy difícil de correlacionar debido a los nexos que existen entre el crimen organizado y el Gobierno. Como asociaciones civiles estamos tratando de darle legitimidad en todos los estados de la República a una ley que nos va a ayudar a llevar a los culpables ante la Justicia", dijo Ocegueda Flores al programa radial 'En Órbita' de Sputnik.

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Durante el 2016 el proyecto fue presentado ante diversas comisiones del Senado mexicano, que tras meses de discusión acordaron aprobarlo en el primer ciclo legislativo de 2017 de esa cámara. Sin embargo, ese período se inició el pasado 1 de febrero, sin que hasta el momento se haya pasado a la etapa de discusión y aprobación de la norma. Ocegueda Flores contó a Sputnik cómo ven esta demora los familiares de desaparecidos.

"Existen intereses ocultos para que esta ley no se lleve a cabo. En Baja California tenemos atorada la ley general de víctimas en el estado. Nos sentimos muy desilusionados porque estaba la ley para aprobarse en el Congreso, pero el comisionado de la Comisión Ejecutiva la detuvo con argumentos de que debían hacerle modificaciones. La realidad es que no se aprobó por apatía política y falta de voluntad", indicó el activista.

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Además, desde el movimiento social se pone en duda el sistema federal de conteo de casos de desaparición y se considera que la cifra real es mayor a la registrada.

"Los estados tipifican el delito de desaparición forzada de distintas maneras. Es un juego de cifras maquiavélico para no establecer una cifra exacta. El registro nacional de personas desaparecidas en México nos da una cifra aproximada de 26.000 desaparecidos a partir del 2006 y cuando tú haces un cotejo de cuántos hay en los estados la cifra es muy diferente. Necesitamos partir de un dato estadístico que nos ayude a entender la realidad de nuestro país", apuntó.

En la actualidad, los familiares de víctimas de desapariciones forzadas reclaman un mayor apoyo del Estado, al que acusan de pasividad e incluso de complicidad ante la situación.

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La Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California surgió en 2008, cuando iniciaron su primera búsqueda. "Salimos con picos y palas a los cerros. Nos había llegado información de sitios donde podía haber cadáveres y como las autoridades no investigaban nos hicimos cargo. A partir de la sociedad se están conformando grupos que salen a rastrillar solos, o con la protección de la autoridad si van a lugares peligrosos. El abanico de oportunidades se está abriendo para que las autoridades se den cuenta de que son ellas las que tienen que investigar. Por el momento solo se están sumando al esfuerzo ya hecho por la ciudadanía", sostuvo.

"Por eso son muy importantes los colectivos que existen en los diferentes estados. Las víctimas tomamos la iniciativa, nos sacamos nuestra ropa dominguera y vamos al cerro a buscar pistas. Así vamos abriendo los ojos a las autoridades", agregó.

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Baja California es el séptimo lugar con más personas desaparecidas en México. Desde 2006 se contabilizaron 1.250. Por ser un estado fronterizo su situación es crítica: hay migrantes extranjeros o de otros estados que desaparecen en camino a EEUU y están también los que son deportados desde allí y desaparecen como migrantes internos en México.

"Muchos terminan en la fosa común porque no hay nadie que los reclame. Es la fosa del diablo, porque tratan a los cuerpos de una manera denigrante. Los apilan de forma vertical y cuando los sacan de arriba hacia abajo los revuelven y ya no se sabe ni quiénes están ahí. El cadáver de arriba contamina con sus líquidos a los de abajo y se hace muy dificil la situacion de identificación por ADN", señaló.

​Para Ocegueda Flores la tarea que realiza no solo es comunitaria sino personal. Su hijo desapareció en 2007, cuando agentes armados con uniforme de la Agencia Federal de Investigación se lo llevaron. Desde entonces no ha sabido nunca más nada de él.

"Mientras haya un alguito de vida vamos a seguir buscando porque ellos harían lo mismo por nosotros. Somos miles de personas las que estamos sufriendo por esta situación. El Gobierno tiene que hacer algo para poder darle tranquilidad a todas estas familias. Espero que algún día mi México despierte para poder poner las cosas en su lugar", concluyó.

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