De los electores pertenecientes a este grupo "9.514 son hombres y 716 son mujeres", reportó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado y reveló además que "el sufragio se ejecutó en 20 de las 24 provincias del país".
El registro electoral que se utilizó fue el obtenido del Ministerio de Justicia, cuyos datos fueron recopilados y validados por el CNE para elaborar el padrón electoral correspondiente.
Tras la votación, las juntas de los centros de rehabilitación no efectuaron el conteo de votos, sino que únicamente recibieron la votación.
"Una vez terminado el proceso, se embalará el material y este será transportado por la Policía Nacional hacia la junta provincial correspondiente, la cual el día 19 de febrero efectuará el escrutinio", apunta el boletín.
Por su parte, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, señaló que la entidad electoral "garantiza el ejercicio democrático de las personas de este sector vulnerable", lo que implica "la planificación de más de un año y medio" para brindar "las mejores condiciones para que ejerzan el derecho al sufragio".
Cada junta receptora del voto estuvo conformada con dos personas privadas de libertad y un funcionario electoral, quienes se encargaron de armar la urna y los biombos y recibir la votación.
La Constitución de 2008 garantiza el voto de las personas detenidas que no tengan sentencia firme.
12,8 millones de ecuatorianos en las 24 provincias del país sufragarán para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, además de asambleístas provinciales y nacionales y parlamentarios andinos.
También se someterá a consulta popular la iniciativa de prohibir a los funcionarios públicos la posesión de activos en paraísos fiscales.
