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El ojo del Gran Hermano se posa sobre Argentina

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La trama alrededor de las de escuchas telefónicas a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner muestra la existencia de una especie de Gran Hermano político que vigila a los líderes de la oposición. Sputnik dialogó con el periodista argentino Raúl Kollmann, quien contó detalles de la causa.

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Según el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI), Oscar Parrilli, existió un sistema de espionaje estatal contra él y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así lo dijo al diario Página 12, luego de que medios afines al actual mandatario Mauricio Macri difundieran el contenido de diálogos telefónicos privados entre Fernández y el exjerarca.

Las grabaciones fueron ordenadas por el sucesor de Parrilli al frente de la AFI, Gustavo Arribas, como parte de una investigación abierta en abril de 2015. El objetivo era comprobar si Parrilli se había llevado información del organismo. Las escuchas fueron autorizadas por la jueza María Servini de Cubría, quien meses más tarde debió archivar el caso por no encontrar pruebas.

Aunque la magistrada ordenó destruir tanto los audios como transcripciones de esta 'pre causa', el material llegó intacto a la prensa. El periodista de Página 12, Raúl Kollmann, dijo a Sputnik que incumplir esa destrucción es un "delito grave".

"El fiscal Ramiro González hizo una denuncia sobre la base de una escucha que debió estar destruida, por lo tanto es ilegal. La omisión de destruir esa escucha es un delito con penas de hasta seis años de cárcel", aseguró.

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Agregó que esa información que debía estar destruida cayó en manos de periodistas del Grupo Clarín, e indicó que la responsabilidad es tanto del Poder Ejecutivo que debió ordenar a la AFI que destruyera el material, como de la Corte Suprema que "concretó esas escuchas hace más de un año".

Pese a todo, el fiscal Ramiro González decidió impulsar una causa contra Parrilli sobre la base de las escuchas descartadas por la Justicia. Según Página 12, este accionar dejó en evidencia que el Poder Ejecutivo espió con fines políticos a Parrilli y a Fernández de Kirchner.

"Se espió durante siete meses de 2016 el teléfono de Parrilli. Lo más importante es que aparece una causa falsa en la que le intervienen el teléfono cuatro veces, la jueza ordena destruir las escuchas y, sin embargo, aparecen las transcripciones y audios cuando lo que debería haber sucedido es que fueran destruidos porque no son material judicial sino de inteligencia. Lo que se comprueba con esto es que los espiaron durante meses", indicó.

Se supo además que algunas de las conversaciones entre la expresidenta y Parrilli, fueron interceptadas en vivo a través de Internet. La legislación argentina sólo autoriza esa herramienta para casos de secuestro. Kollmann explicó lo que puede ocurrir con el caso a partir de ahora.

"Lo que debería ocurrir es que el juez Canicoba Corral abra una investigación para determinar cómo fue que no se destruyó el material de inteligencia. Pero nunca sabemos porque la Justicia se ha puesto al servicio de la política contra los gobiernos de mayoría popular", concluyó.

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