Entre esos cambios, se pautó un plazo para avanzar en una ley preventiva de riesgos laborales, y se determinó que los honorarios de los abogados sean pagados por las ART y no por el empleado.
El Gobierno intentó entonces imponer por su cuenta la ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri, pero la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe revisar los decretos amenazaba con tumbar el proyecto.
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Ante las críticas de la oposición, el mandatario convocó sesiones extraordinarias para sancionar el proyecto aprobado en el Senado por los cauces parlamentarios ordinarios.
Razones de la ley
Solo después "las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central", cuyo dictamen será vinculante.
El Ejecutivo decidió promover esta ley tras detectar "un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo" sin que hubieran aumentado la cantidad de accidentes, según el ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Por otro lado, los empleados asalariados tardan en promedio casi tres años en ver concluidos los juicios laborales, con 90 días de espera para que le otorguen un turno en las audiencias de las comisiones médicas.
