La cifra supone cuatro veces más muertes que en el mismo periodo de 2016, cuando murieron de forma violenta 38 personas.
El dato es prácticamente el mismo que el que aportaba el sindicato de la Policía Civil (145 muertos), que hasta ahora era la única fuente que informaba sobre el impacto de la huelga policial.
Los policías se amotinaron pidiendo mejoras salariales, bajo el argumento de que manifestaciones espontáneas a las puertas de los cuarteles —protagonizadas por sus esposas y familiares— les impedían salir a patrullar.
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Este martes el gobierno publicó una primera lista con 155 nombres de policías que serán acusados de delito de motín y revuelta, con lo que podrían enfrentarse a penas de entre ocho y 20 años de cárcel y a la expulsión de por vida de la Policía Militar.
La reacción de las autoridades se dejó sentir también en el vecino estado de Río de Janeiro, donde estaba empezando un movimiento similar que no llegó a cuajar.
A pesar de ello el gobierno de Río de Janeiro pidió la ayuda preventiva de la Fuerza Nacional y del Ejército, que patrullará las calles del estado hasta después de Carnaval.
