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Fiscalía de México inicia pesquisa contra jefe investigador de caso Ayotzinapa

© AFP 2023 / Yuri Cortez Tomás Zerón
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una pesquisa comenzó sobre el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, por presunta manipulación de la escena del crimen en la desaparición de 43 alumnos en la llamada Masacre de Iguala, perpetrada en septiembre de 2014, informó la fiscalía federal.

La secretaría federal de la Función Pública determinará la posible sanción que se aplicará al exjefe investigador federal, si son comprobadas sus presuntas irregularidades, informó en conferencia de prensa Alfredo Higuera Bernal, fiscal del caso de la escuela normal rural de maestros de Ayotzinapa.

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El fiscal y altos funcionarios del gobierno se reunieron con familiares y sus abogados defensores, tras una indagatoria de la visitaduría general sobre el caso, donde es informó de un procedimiento administrativo en contra de Zerón.

Vidulfo Rosales, abogado principal de los familiares, dijo a su turno que la investigación de los visitadores de la fiscalía "determinaron sanciones (administrativas) contra siete funcionarios", entre ellos el exalto jefe investigador.

El gobierno anunció además que las partes acordaron reinstalar el esquema de interlocución y de comunicación con los padres de los 43 desaparecidos, en reuniones mensuales para conocer el avance de las investigaciones.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos del Interior, presentó a la prensa los acuerdos, entre ellos un "compromiso de seguir las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)", de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), integrada por cinco especialistas de España, Colombia, Chile y Guatemala.

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El GIEI, que terminó su misión en mayo pasado, descubrió una diligencia en video fuera del expediente, cuando Zerón trasladó en helicóptero a un sicario supuestamente torturado a la vera del Río San Juan, una de las posibles escenas del crimen.

Ese río se localiza cerca del basurero municipal del pueblo de Cocula, Guerrero, en una quebrada a cielo abierto, donde un día después las autoridades rescataron bolsas con restos humanos calcinados de 17 individuos, que permitieron identificar al único alumno hasta la fecha, y posibles trazas de un segundo joven, en un laboratorio forense de Innsbruck, Austria.

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Tras una reunión, el fiscal federal, Raúl Cervantes, y el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, y el subsecretario de DDHH, Campa, el abogado de las familias denunció que las autoridades "se negaron a una investigación penal", en contra del exjefe de la AIC, y optaron por pesquisas administrativas.

La destitución de Zerón fue exigida en abril pasado por expertos independientes de la CIDH, y finalmente dimitió en septiembre del año pasado.

Pero días después, el presidente de México, Enrique Peña Nieto lo designó como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, en "reconocimiento a sus acciones, experiencia y capacidad, demostradas en sus encargos anteriores".

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La AIC, brazo derecho de la fiscalía federal que comandaba Zerón está integrada por tres instituciones estratégicas de la fiscalía federal: la Policía Federal Ministerial, la coordinación general de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Información para el Combate a la Delincuencia.

El GIEI acusó al alto funcionario de haber "alterado la escena del crimen" y desató un escándalo al revelar en el informe final de su mandato una crucial diligencia secreta, sin registro en los expedientes.

Aquel día, sin registro oficial, Zerón encontró la presunta pieza crucial del rompecabezas de la llamada "verdad histórica oficial", cuando subió a un helicóptero federal a un imputado, que la madrugada de ese día había confesado bajo tortura su participación en el asesinato e incineración de decenas cuerpos en el basurero del pueblo de Cocula.

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La versión del presunto delincuente confeso terminaba en una pira que hasta la fecha no logra acuerdo entre los peritos en fuego, y con el lanzamiento de ocho bolsas con restos calcinados en las aguas fangosas del pequeño Río San Juan, cercano al basurero.

El jefe de la AIC llegó al lugar sin acceso a forenses argentinos ni funcionarios de la ONU, que trabajaban a la misma hora a poca distancia buscando restos en el basurero, quienes luego rechazaron que participaban en la diligencia como sugería la versión oficial.

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Zerón actuó "sin asistencia legal y sin respetar los estándares de cadena de custodia", según los organismos humanitarios.

Los forenses argentinos dijeron entonces que en México "existe un interés inexplicable en forzar una línea de investigación de manera parcial, que termina en una pira del basurero de Cocula y se pierde en las aguas el río San Juan".

La masacre tras los taques a cinco autobuses repletos de alumnos, fue saldada con seis muertos, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos, en la ciudad de Iguala, Guerrero (220 kilómetros al sur de la Ciudad de México).

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