“En el día de ayer (martes) hemos presentado una denuncia ante el sistema interamericano por la modificación de la Ley de Migraciones a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)”, dijo a esta agencia el director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales.
Las dos organizaciones de juristas y defensoras de derechos humanos solicitaron a la CIDH, uno de los órganos autónomos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que “considere convocar en su próximo período de sesiones una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes en la Argentina”, dice el texto de la denuncia a la que accedió esta agencia.
Vulnerado acuerdo suscrito ante la CIDH
La razón de la denuncia es la vulneración del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito por el Estado argentino en 2003 y homologado por la propia CIDH en 2011 a raíz de la detención y expulsión en 1996, a través de un procedimiento sumarísimo, del uruguayo Juan Carlos de la Torre, quien tenía antecedentes penales y llevaba 22 años viviendo en Argentina.
El CELS presentó en 1999 el caso de De la Torre ante la CIDH por considerarlo "representativo de las prácticas que realizaban la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Policía Federal y los jueces de la ciudad de Buenos Aires, y que consistían en expulsar de manera inmediata a los migrantes que tenían una orden de expulsión", explicó Morales.
Para llegar al acuerdo de solución amistosa, el Estado argentino se comprometió en 2003 ante la CIDH a modificar la Ley de Migraciones "como parte de una reparación a violaciones de derechos humanos de los inmigrantes", agregó el integrante del CELS.
La nueva normativa fue sancionada por el Congreso en diciembre de 2003 y promulgada en 2011.
"En la reglamentación de esa normativa se incorporaron todos los debates dados durante la discusión sobre la solución amistosa", destacó Morales.
Ese acuerdo ahora está en duda "porque el Estado argentino de manera inconsulta y sin tener argumentos decidió cambiar la Ley de Migraciones a través de un DNU", objetó.
Criminalización de los migrantes
El decreto de Macri, que entró en vigor el 31 de enero, restringe el ingreso y acelera la deportación de extranjeros con condenas de prisión o con antecedentes penales.
"La participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 6 por ciento de la población carcelaria es extranjera", sostuvieron el CELS y el CEJIL en su denuncia, redactada con fecha 3 de febrero.
Aunque el Gobierno justificó este decreto como una medida de seguridad, la Ley de Migraciones original "ya establecía los mecanismos para expulsar a aquellos que contaran con un procesamiento firme por delitos graves", recordaron las dos organizaciones denunciantes.
"Esta reforma restringe derechos humanos y contraviene compromisos internacionales sin ningún control ni intervención del Congreso Nacional, en materias en las que su participación resulta obligatoria", observaron las dos entidades, que tienen estatus consultivo ante la OEA.
Además de ampliar las causas que permiten la detención y expulsión de extranjeros en situación irregular, la reforma migratoria del Gobierno argentino autoriza a revisar todas las residencias otorgadas a quienes arrastren antecedentes penales o hayan sido condenados, "sin importar el tipo de delito o su situación procesal", constató la denuncia.
El decreto de Macri también acelera los trámites "para que (las expulsiones) sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuados", añade el texto.
Por último, el DNU elimina la unidad familiar, el arraigo y las razones humanitarias como condiciones para sortear una expulsión.
En conclusión, "esta reforma por decreto tiene por objeto ampliar y endurecer el control de la población migrante en nuestro país que, como hemos acreditado en nuestras últimas presentaciones, ya se había intensificado profundamente durante 2016", aseguran el CELS y el CEJIL.
Una comisión de autoridades de Bolivia llegó el lunes pasado a Buenos Aires para conocer el alcance del decreto migratorio en el marco de unas declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que causaron molestia en La Paz.
"En el tema de las drogas, el 33 por ciento de los presos federales son extranjeros", por lo que había "que ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú", dijo Bullrich.
Los principales flujos migratorios de Argentina proceden de esos tres países vecinos.
