El jueves pasado el Tribunal Constitucional eximió al Gobierno ruso de la obligación de pagar unos 1.900 millones de euros en indemnizaciones a los accionistas de Yukos por decisión del Tribunal de Estrasburgo, y el presidente del Constitucional, Valeri Zorkin, defendió la prioridad de la Carta Magna rusa frente a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Insto al Gobierno y al Parlamento ruso que cambien la ley federal que permite al Tribunal Constitucional invalidar las decisiones del Tribunal de Estrasburgo", comunicó Muiznieks en su servicio de prensa.
Explicó que la decisión del Constitucional tendrá consecuencias para los derechos humanos en Rusia y Europa, dado que impedir la realización de las sentencias del tribunal europeo debilita las garantías para individuos y empresas privadas ante los posibles abusos gubernamentales.
En julio de 2014 el Tribunal de Estrasburgo obligó a Moscú a indemnizar por violar el derecho a la protección judicial y a un juicio imparcial, una decisión que el Ministerio ruso de Justicia calificó de injusta y parcial.
El caso Yukos se remonta a 2003, cuando las autoridades tributarias imputaron evasión fiscal y otros delitos económicos a los dueños de Yukos, la entonces mayor petrolera privada del país, entre ellos el magnate Mijaíl Jodorkovski.
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Posteriormente Yukos se declaró en quiebra y sus activos fueron adquiridos por la empresa pública Rosneft.
