"No queremos cambiar el perfil de un país totalmente abierto a la inmigración, pero si en una década se radicaron dos millones y medio de personas es imposible que se hayan expulsado sólo a 30; eso quiere decir que no se expulsó a nadie", sostuvo el funcionario a la agencia estatal Télam.
La actual ley de Migraciones ordena la retirada de la residencia y la expulsión de los extranjeros condenados a más de cinco años de prisión, pero en la práctica es difícil el cumplimiento de este proceso, según Curi.
Aquellos con antecedentes "están muchos años dando vueltas sin resolución firme, porque el proceso recursivo para discutir la expulsión es extremadamente largo", aseguró el funcionario.
Al mismo tiempo, la legislación no exige que los juzgados sean informados sobre los extranjeros detenidos.
"Están personas están en un limbo o cumpliendo una condena y como no sabemos que están presos, no podemos caducar las residencias", señaló.
El director nacional de Migraciones, Horacio García, confirmó que desde hace un año y por "expresa directiva" del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su organismo está preparando un proyecto con el objetivo de "generar las condiciones para que el Congreso se expida".
Para ello, el Poder Legislativo debe acortar los plazos para resolver si se expulsa a una persona del país, ya que este proceso tarda en la actualidad hasta ocho años, según explicó García en Radio Mitre.
La diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador (tercera fuerza parlamentaria) reaccionó en Twitter a las declaraciones de funcionario.
"La actual ley de migraciones permite impedir el ingreso de extranjeros en conflicto con la ley", recordó la jefa del bloque en el Congreso.
El Centro de Estudios Legales y Sociales en tanto, se manifestó contra las pretensiones del Gobierno.
El director de área de Litigio y Defensa Legal de este organismo de derechos humanos, Diego Morales, indicó que "desde principios de 2016 hay recurrentes anuncios sobre la importancia de reformar la ley de Migraciones para que no ingresen inmigrantes con antecedentes penales o para expulsar a aquellos que los tienen, pero nunca se presentó una propuesta concreta o dieron un debate al respecto".
"Lo que hay es una demagogia punitiva detrás de los migrantes, la estigmatización de que son peligrosos y que, como respuesta, el Estado debe controlar la migración", sentenció Morales en el diario Página12.
Argentina reconoce los derechos de libre tránsito y residencia que rigen dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) y que se aplican también a los países asociados, lo que en la práctica abarca a casi toda América del Sur.
El Ministerio de Seguridad firmó en agosto un convenio con Migraciones para crear un centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.
