"Al firmar el presupuesto el presidente autorizará un crimen, si lo hace comparecerá en el futuro ante el Tribunal Estatal", declaró al periódico Rzeczpospolita.
Añadió que la Plataforma Cívica llevará al Tribunal —encargado de examinar los casos de presunta violación de la Constitución por los más altos cargos— también al presidente del Sejm (cámara baja del parlamento polaco) Marek Kuchciński y a la primera ministra, Beata Szydlo.
El proyecto del presupuesto del 2017 fue aprobado en diciembre por la mayoría del Sejm, controlado por el partido gobernante Ley y Justicia, mientras la oposición bloqueó la sala de sesiones plenarias, lo que provocó una crisis parlamentaria en el país.
Una parte de la oposición considera la votación ilegítima porque se realizó en otra sala sin un sistema de conteo electrónico de los votos y duda, además, que se consiguiera el quorum.