"El Ecuador lamenta la postura de la CIDH, que con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley", señala un comunicado del Ministerio de Justicia.
La CIDH dio a Ecuador un plazo de 15 días para responder a su solicitud.
El organismo pide al Estado ecuatoriano explicar la naturaleza del proceso penal contra el activista político y aclarar si este se dio como consecuencia de la divulgación de información considerada reservada y obtenida de manera supuestamente ilegal.
La CIDH demanda, además, que el Gobierno proporcione pruebas que corroboren que la justicia ecuatoriana actuó conforme a la ley.
Por su parte, el Estado ecuatoriano insiste en que, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "la CIDH no tiene competencia para dictar medidas cautelares, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el órgano jurisdiccional que tiene esta atribución, conforme al artículo 63 del mencionado instrumento".
Además, rechazó "las pretensiones de Fernando Villavicencio de victimizarse" ante la CIDH "por una supuesta afectación a sus derechos (…) acudiendo a esta instancia internacional y bajo el argumento falaz de que se estaría impidiendo su participación activa en la política".
Villavicencio, que al momento permanece en la clandestinidad después de que se reactivara la orden de prisión en su contra, está acusado de obtener información de forma ilícita, al presuntamente haber hackeado correos electrónicos de funcionarios del Gobierno y del propio Presidente de la República, Rafael Correa.
Según las autoridades, con la participación de la CIDH el activista estaría buscando "evitar la aplicación de legítimas decisiones de organismos nacionales de justicia".
Villavicencio ha denunciado severos casos de corrupción a través de medios digitales, en los que ha expuesto documentos que serían confidenciales.
