"El Gobierno Nacional da a conocer que personal de las Fuerzas Armadas realiza patrullajes por las trochas y caminos que conducen a las poblaciones del sector", señala un comunicado difundido por el Ministerio Coordinador de Seguridad.
Los enfrentamientos dejaron como resultado un policía muerto y siete heridos, lo que llevó al presidente Rafael Correa a decretar el estado de excepción en la zona, medida que se mantiene a pesar del pedido de distintas organizaciones sociales de desmilitarizar el área.
"Las actividades se desarrollan con normalidad, lo cual ha sido confirmado por los habitantes, quienes también agradecen la presencia de los uniformados que velan por su seguridad e integridad", señala el comunicado.
El Gobierno acusa a los indígenas de haber usado armas de fuego, con las que habrían ocasionado el fallecimiento del uniformado, y ha ofrecido recompensas a quienes identifiquen a los autores del hecho.
Los indígenas, por su parte, han negado ser los responsables y pidieron a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Iglesia Católica que medien en el conflicto, aunque aún no han obtenido ninguna respuesta.
