El Grupo de Trabajo de la ONU había advertido al Estado argentino que el arresto preventivo de Sala constituía una detención arbitraria y que la activista debía ser puesta en libertad.
Sala, dirigente de la organización barrial Túpac Amaru en la capital de la provincia de Jujuy (norte), fue detenida el 16 de enero de este año por "instigación a cometer delitos" y "tumulto", a raíz de la protesta que organizaba desde hacía un mes cuando asumió el entonces nuevo gobernador, Gerardo Morales.
Una vez en prisión, la activista barrial y parlamentaria del Mercado Común del Sur (Mercosur) fue "imputada por la supuesta autoría de Asociación Ilícita en condición de jefe y organizadora, Extorsión, y Fraude a la Administración Pública (14 hechos en Concurso Real)", según puede leerse en el sitio web del Poder Judicial de la provincia de Jujuy.
Sin embargo, en el primer juicio que afronta y cuyas audiencias se desarrollan esta semana en Jujuy, la mujer está acusada de haber organizado un "escrache" contra Morales en 2009, cuando este era senador nacional por la provincia de Jujuy, a quien le habrían arrojado huevos durante una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital provincial.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos también calificaron la detención de Sala como "arbitraria" y reclamaron que fuera puesta en libertad.
