"Se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal", dijo la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) en un comunicado, sin referirse al contenido del documento que señala presuntas torturas, diligencias sin registro y manipulación de la escena del crimen.
El periódico estadounidense publicó que "el gobierno mexicano se ha negado a difundir un estudio interno que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, una conclusión que amenaza con sacudir los fundamentos legales en un caso que ha conmocionado a México".
El documento de 177 páginas señala, entre las irregularidades, que los sospechosos de ser los sicarios del crimen organizado que actuó en complicidad con policías de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero (sur de México) "fueron detenidos y trasladados ilegalmente, invalidando las pruebas" de acuerdo con la legislación mexicana.
#CIDH vuelve a México para investigar masacre de #Iguala contra estudiantes de #Ayotzinapa https://t.co/cjhMcwiRYG pic.twitter.com/fuvyUq7l3H
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 26 октября 2016 г.
También señala que el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, llevó a un sospechoso a identificar la escena del crimen en el Río San Juan, en una diligencia sin registros en los expedientes y sin abogados, tal como había señalado un grupo interdisciplinario de expertos independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Inexistencia jurídica
La fiscalía federal no profundiza en las fallas e irregularidades señaladas por el ex Visitador General, César Alejandro Chávez Flores, quien renunció al cargo abruptamente, cuatro semanas después de exponer a las familias de los jóvenes desaparecidos y sus abogados el 18 de agosto pasado, que sus conclusiones estaban listas.
"En el caso que nos ocupa, los documentos referidos por el New York Times se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización, al carecer de los requisitos legales que les aplican, resultan jurídicamente inexistentes", señala la PGR en su posicionamiento ante el reportaje.
La revisión interna se completó hace cuatro meses, pero el visitador o inspector general de la oficina del fiscal general les dijo a los familiares en aquella reunión de agosto, "que sus superiores necesitaban aprobar primero el informe, lo que, según él, era una simple formalidad", dice el periódico estadounidense.
Esa aprobación nunca llegó: "En su lugar, el informe aún está en estudio, según la oficina del procurador general, que no dio ninguna indicación cuando se terminó, si es que alguna vez concluyó", adelantaba The New York Times.
El diario obtuvo una copia del reporte, que denuncia que la investigación que documenta las irregularidades no sólo está inmersa en un "limbo" burocrático, sino que constata que "con la conducta de los investigadores se violó la verdad" y dañó el derecho de las víctimas a la justicia.
El diario estadounidense hace un recuento de la desaparición de los normalistas, de cómo habrían sido entregados por policías que los arrestaron —tras una balacera que dejó seis muertos y decenas de heridos—, al grupo narcotraficante Guerreros Unidos, que declararon después que habían asesinado a los jóvenes normalistas.
La versión oficial de los hechos "se basa en testimonios dudosos, producto de detenciones arbitrarias", dice el informe del inspector de la PGR, según el diario, y sostiene que "la falta de legalidad es común en las investigaciones criminales en México".
El informe apunta que "los sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo en tela de juicio las pruebas que proporcionaron".
Lea más: A dos años de la masacre de Ayotzinapa la verdad sigue oculta en México
La desaparición de estudiantes en Iguala en septiembre de 2014 "sigue siendo una herida abierta en México, evidencia del fracaso del país en proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia penal corrupto", puntualiza el reporte periodístico.
Ahora el informe del Visitador o inspector general de la fiscalía proporciona "la primera evidencia de dentro de la oficina del procurador general que muestra cómo el caso fue mal manejado", puntualizó The New York Times.
