Mas y dos de sus consejeras durante su desempeño al frente del Gobierno catalán, Irene Rigau y Joana Ortega, se sentarán en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en la organización del citado referéndum, que previamente había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
La consulta, que no tenía carácter vinculante ni era reconocida por España, contó con la participación de 2,3 millones de personas, de las que un 80,76 por ciento votó a favor de la independencia de Cataluña.
La defensa del expresidente catalán asegura que Mas no cometió los delitos que se le imputan porque "interrumpió la organización y gestión del proceso participativo" cinco días antes de la consulta, a raíz de la prohibición del Constitucional.
"Lo que realmente pasó es que nunca se convocó oficialmente a la ciudadanía, sino que se les dio la oportunidad de organizar y tomar parte en un proceso participativo que se acabó realizando gracias a la intervención de miles de voluntarios", expone el escrito de la defensa.
En cambio, la Fiscalía estima que los encausados llevaron a cabo una "estrategia de desafío completo y efectivo" pese a la suspensión de la consulta por parte del TC.
El ministerio público solicita para Mas una pena de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 36.000 euros.
En cuanto a sus consejeras, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación y una sanción económica de 30.000 euros.
