Según la Fiscalía hay indicios de que entre 2013 y 2015 Lula da Silva y su hijo maniobraron para beneficiar a varias empresas, con negociaciones irregulares que llevaron a la compra de 36 aviones caza del modelo Gripen por parte del Gobierno brasileño.
La Fiscalía también denunció al matrimonio formado por Mauro Marcondes y Cristina Mautoni, dueños de la empresa Marcondes e Mautoni Empreendimentos e Diplomacia LTDS (M&M), que presuntamente habrían ingresado al hijo de Lula poco más de 2,5 millones de reales (740.000 dólares) de forma irregular.
La denuncia no fue analizada todavía por la Justicia Federal, que decidirá si acepta o no la acusación.
En caso afirmativo Lula sería imputado por cuarta vez, después de tres denuncias anteriores, dos de ellas por corrupción relacionadas con la Operación Lava Jato.
La Operación Zelotes, en la cual se enmarca esta última denuncia, investiga un esquema de corrupción en el Consejo de Administración de Recursos Fiscales (Carf), del Ministerio de Hacienda, en el que participaron más de 70 de las mayores empresas de Brasil para evadir impuestos.
