Es la primera vez que Calheiros es imputado en una acción penal, a pesar de que el Supremo le investiga en otras 11 causas relacionadas con delitos de corrupción derivados de la Operación Lava Jato y la Operación Zelotes.
Ocho de los 11 magistrados del Supremo votaron a favor de investigarle, empezando por el relator del caso, Edson Fachin.
El presidente del Senado está acusado de utilizar parte del dinero que la institución le asigna para realizar pagos a una empresa de alquiler de vehículos que emitía facturas fraudulentas.
Estas facturas falsas servirían a Calheiros para demostrar que tenía dinero suficiente para mantener la paga de 16.500 reales mensuales (4.700 dólares) a su exmujer Mônica Veloso entre 2004 y 2006.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Calheiros de desvío de dinero público al no encontrar facturas que comprobaran la entrada y salida de valores, "lo que comprueba que la prestación de servicios no ocurrió".
A partir de ahora el Supremo escuchará a los testigos de la defensa y la acusación y analizará los documentos presentados en la denuncia, pero no hay un plazo límite para que se realice el juicio.
Calheiros podrá continuar al frente del Senado mientras avanza el proceso, pero en caso de que finalmente sea condenado podría enfrentarse a entre dos y doce años de cárcel.