"¿Estamos dispuestos a ceder nuestra libertad a cambio de una mayor protección contra el terrorismo?", interroga Flavia Costa. Ese es el debate moral que cruza algunas sociedades como la francesa donde después de los atentados se ha decretado un estado de excepción "permanente" y se ha militarizado.
"Un terrorismo que, por otro lado, es un enemigo que por definición es inasible ya que su forma de actuar es sorpresiva, imprevisible", asegura.
Estos nuevos regímenes –como se vio en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001– tienen características indeseables como juzgar a un ciudadano no por algo cometido sino por la mera sospecha lo que es una violación del Estado de derecho.
"Hay formas visibles de control como es hoy el caso de París donde la presencia del ejército con armas de guerra es muy notorio. Pero también hay formas invisibles", explica Costa refiriéndose a los nuevos dispositivos tecnológicos. En ese caso la ciudadanía hace pública su privacidad con lo que la "vigilancia, además de ser una forma control político, es también un gran negocio: somos perfiles de consumidores, de viajeros, de migrantes."
Flavia Costa analizó también en profundidad el voto electrónico "cuya mayor vulnerabilidad es no poder garantizar el secreto, un derecho fundamental del ciudadano". Acá cabe otra pregunta: ¿Estamos dispuestos a ceder nuestro voto manual y secreto a cambio de una supuesta eficiencia y rapidez?
En este programa informamos sobre otras noticias de importancia. Una de ellas es que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó a un hipercrítico de la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama (conocida como Obamacare), como nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos. Se trata del republicano Tom Price, un cirujano ortopédico de 62 años originario de Michigan. Por otra parte el Congreso de Colombia comenzó a debatir el nuevo pacto de paz entre el gobierno y las FARC. También el Congreso de Brasil empezó a sesionar para tratar una de las medidas más polémicas de los últimos años en ese país. Se trata de una enmienda constitucional que congelaría durante 20 años el gasto público en el presupuesto nacional, lo que significaría un fuerte golpe para el área social y un condicionamiento para los futuros gobiernos.
