El caso Duarte o cómo robar millones con impunidad

El 1 de diciembre de 2010, el abogado Javier Duarte de Ochoa tomó posesión como gobernador del estado de Veracruz, México. El 12 de octubre de 2016 pidió licencia para dejar el cargo. En ese lapso se las arregló para desviar unos 15.000 millones de pesos hacia diversas cuentas particulares sin que, al parecer, nada ni nadie pudiera impedirlo.

"Un político pobre es un pobre político"

Carlos Hank González, político y empresario mexicano

 

Al parecer… En el año 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de la revisión de la Cuenta Pública, informó a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre anomalías financieras en Veracruz, de las cuales tenía información desde el año anterior. De hecho, de 132 denuncias interpuestas por la ASF contra entidades federativas, 55 corresponden al estado que Javier Duarte sangró hasta la hipovolemia financiera, según precisó Juan Manuel Portal, titular del organismo.

Las razones por las que Duarte pudo sumir a Veracruz en el caos que supone un déficit presupuestal de unos 100.000 millones de pesos, pedir licencia sin traba alguna a escasos días de terminar su mandato para supuestamente enfrentar las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, y estar hoy prófugo de una justicia que debió alcanzarlo desde mucho tiempo atrás, son las mismas que hacen que su caso no sea, lamentablemente, un hecho aislado en la política mexicana, donde el robo grosero del erario público por funcionarios de cualquier nivel de Gobierno —federal, estatal o municipal—, y la impunidad con que lo practican, forman parte de los muchos lastres que carga la endeble e impúber democracia del país.

En el caso Duarte, como en otros muchos, buena parte del tinglado de corrupción da comienzo con la creación de empresas que suelen tener un domicilio fiscal inexistente que nadie se ocupa de verificar. O en caso de hacerse, los funcionarios descubren perplejos que los también perplejos propietarios de los inmuebles o espacios que coinciden con las direcciones entregadas apenas sí se enteran en ese momento que son dueños de empresas que nunca tuvieron con substanciosos contratos que nunca firmaron. Sin embargo, esa fantasmagórica situación hacendaria no les impide a dichas empresas convertirse en proveedoras de un Gobierno estatal con el que rubrica acuerdos que no cumplirán pero sí serán pagados.

El gobernarte #PRI analiza la expulsión definitiva del #gobernador de #Veracruz en #México https://t.co/oVtCfQrm95 pic.twitter.com/7zCLUwlKMb

— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 25 de octubre de 2016

​Para garantizar que el dinero llegue a las manos 'correctas' se recurre, en primera instancia, a la adjudicación directa y en ocasiones, para guardar las apariencias, a las 'licitaciones simplificadas', en las cuales participan sólo tres empresas pero la decisión final de a cuál se le adjudica el contrato la toman funcionarios vinculados a la trama de connivencia y corrupción. Como en este último caso, el monto de lo contratado no debe de superar los seis millones de pesos —de hacerlo la licitación tendría que estar abierta a todos los que quisieran participar— muchas obras o servicios que rebasan esa cifra se fraccionan en contratos menores antes de la puesta en escena del concurso de adjudicación.

Lea más: Renunciar, el verbo proscrito de la política mexicana

Con estas malas artes que contravienen reglamentos administrativos o de plano constituyen delitos, tan solo del 2012 al 2013 el Gobierno encabezado por Javier Duarte erogó unos 645 millones de pesos que terminaron en cuentas bancarias del propio gobernador (ahora con licencia) o de allegados a él. Luego, mediante artificios de banqueros —transferencias injustificadas de capital a empresas situadas en países de Europa y Asia, compraventa de terrenos, inmuebles y aeronaves, etc.—, Duarte se las ingenió para blanquear el dinero mal habido de su fortuna, según estableció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para tener una idea del daño causado al patrimonio de los veracruzanos baste citar a Fernando Benítez, secretario de Salud en el estado (el tercero en el sexenio de Duarte), quien denunció que un centenar de instalaciones médicas quedaron inconclusas como resultado del presunto desvío de recursos por 2.860 millones de pesos del presupuesto destinado al sector que encabeza. Si a ello se suman adeudos, entre otros, con la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones, no es de extrañar entonces que la cifra de lo desfalcado por Javier Duarte durante su inconcluso sexenio sea de vértigo y que las afectaciones se extiendan por todos los ámbitos de la administración.

El caso Duarte resulta emblemático porque en él se condensa el 'modus operandi' y el 'modus vivendi' de quienes utilizan su efímera parcela de poder no para el servicio público que juramentan, sino para el arribismo político y el enriquecimiento personal, en apego irrestricto a la impúdica cita que encabeza estas líneas. De ahí que funcionarios cercanos a él a principios de su sexenio ocupen hoy diputaciones locales o federales y sus cuentas bancarias no guarden proporción debida con el monto de sus salarios.

La urdimbre de corrupción no es nueva, pero más allá del monto de lo robado, del lodazal ético evidenciado, lo que más preocupa es la naturalidad con la que los implicados se burlan de las instituciones encargadas de velar por el uso correcto de los fondos públicos. En esa endeblez institucional de un modelo que no le apuesta a la prevención del delito sino al eventual castigo —se audita el ejercicio de Gobierno al final del mismo, cuando el posible daño ya está hecho y el culpable en fuga— radica la esencia de un fenómeno que hace posible que a la fecha solo Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, esté en la cárcel en espera de juicio a pesar de que los escándalos de corrupción apuntan hacia decenas de gobernantes que recién terminaron su mandato o, como Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, llevan años evadiendo la justicia. De esta percepción de impunidad nace el recelo de una ciudadanía harta de los menguados índices de legitimidad en que ha caído el desempeño de la función pública, recelo que ni siquiera la eventual detención de los hoy fugitivos, y la recuperación, siquiera parcial, de lo robado podrá desvanecer.

---

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK