Ese reconocimiento, prosigue el documento, debe estar auspiciado por "un marco de negociación y acuerdo", lo que descarta de lleno la puesta en marcha de proyectos soberanistas unilaterales desde el nuevo Ejecutivo vasco.
Además, en virtud del acuerdo entre socialistas y nacionalistas, la reforma del Estatuto deberá contar con el máximo consenso posible dentro del Parlamento y ser refrendado por la sociedad vasca.
En ese sentido, el documento de PNV y PSE propone "la verificación de un calendario de desarme definitivo, que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución".
De esta manera, el futuro Gobierno vasco, que estará presidido por el nacionalista conservador Íñigo Urkullu, dice buscar la consolidación de la paz y la normalización de la convivencia.
