"Eso tiene que acabar porque, entre otras cosas, es legalmente insostenible: viola la legislación española, la legislación europea y el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas", aseguró Estévez.
Además, la legislación española establece en su Ley 54/2007 que los contratos de exportaciones de armas deberán ser denegados cuando "perturben la paz o la seguridad en un ámbito mundial o regional" y cuando "puedan ser utilizadas en situaciones de violación de derechos humanos".
Para ello, la normativa española establece que se tendrán en cuenta la existencia de "indicios racionales" de esas violaciones a través de "informes de órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas".
Además, el Parlamento Europeo en su resolución 2016/2515(RSP) del pasado 25 de febrero reconoció que que "la intervención militar en Yemen liderada por Arabia Saudí" ha utilizado "bombas de racimo prohibidas" y ha generado una "situación humanitaria desastrosa" que constituye "una amenaza para la paz y la seguridad internacional".
"El Gobierno tiene información de sobra de que se están cometiendo crímenes de Guerra", resume Estévez.
"Hay grupos políticos y sindicatos que defienden la idoneidad de esas exportaciones aludiendo a los beneficios que generan, sobre todo en términos de creación de puestos de trabajo en Cádiz y en Ferrol, que son dos regiones muy golpeadas por el paro", expone Estévez.
Sin embargo, el integrante de Amnistía Internacional cree que no hay lugar para entrar en ese debate porque "directamente esa venta es ilegal y no se puede hacer con arreglo a la ley".
¿En qué se usan las armas que vende España a Arabia Saudí?
En opinión de Estévez, los órganos reguladores tienen información de sobra para declarar ilegal la venta de armas por usarse para violaciones del derecho internacional, pero, ante la falta de voluntad de las instituciones españolas para hacerlo, el Gobierno "al menos debería investigarlo".
"Hay una forma muy sencilla de saber en qué se usan las armas si hubiera voluntad política, que es pedirle al agregado militar en Riad que investigue su uso", explica Estévez.
Según este experto en comercio de armas, este tipo de indagaciones es algo que EEUU ha hecho en Pakistán y Turquía o que Alemania ha hecho en Irak.
Récord de exportaciones de #armamento de #España a Arabia Saudí https://t.co/lKzHQfpZMT
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 25 de enero de 2016
"Es hacer un trabajo de vigilancia e investigación sobre el terreno para ver como utiliza el país comprador las armas que le vendes, no es nada revolucionario y no es algo imposible de llevar a cabo", resume Estévez.
La importancia de esta investigación reside, según explica Estévez, en que el Gobierno español se escuda para hacer pasar por legales su exportación de armas a Riad en la inclusión de una cláusula en los contratos por la que Arabia Saudí se compromete a usar el material solo en sus fronteras.
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Sin embargo, Estévez señala que no se realiza un seguimiento adecuado y que no hay garantías de que ese material (que incluye munición, torpedos, misiles e incluso aviones de reabastecimiento que ayudan a otras naves en vuelo) no esté siendo utilizado en ataques indiscriminados contra la población civil en Yemen.
"No tenemos por qué dudar de la palabra del Gobierno, pero tampoco tenemos por qué creérnosla, así que les hemos dicho que esto hay que investigarlo", asegura Estévez, que lamenta llevar "19 meses de petición no atendida" a pesar de que desde el Ejecutivo les aseguran que tienen en cuenta sus reclamaciones.
La venta de armas de Madrid a Riad creció exponencialmente en los últimos años, pasando de un intercambio por valor de 5,8 millones de euros en 2010, a uno de 14,3 en 2011 y otro de 21,3 en 2012, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio remitidos al Congreso.
En 2015, según recuerda Estévez, las exportaciones armamentísticas a Riad supusieron un ingreso para España de 534 millones de euros, lo que manifiesta que Madrid tiene "un claro interés en potenciar la venta de armas a un actor que está implicado en una conflicto cruento donde se violan los derechos humanos y se comete crímenes de guerra".
Además, la empresa española Navantia se encuentra negociando la venta a Riad de cinco corbetas por un valor aproximado de 2.000 millones de euros.
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Según Estevez, esa operación tiene "un riesgo manifiesto" de que las corbetas se puedan utilizar para "facilitar el bloqueo naval al que está sometido Yemen" y que impide a la población el acceso a la ayuda humanitaria que necesita.
Este experto denuncia que el organismo encargado de aprobar todas estas operaciones, la Junta Interministerial de material de Defensa y doble uso (JIMDDU), actúa de una forma bastante opaca ya que las actas de sus reuniones son secretas y no se comunican las razones por las que autorizan esas ventas, que a su modo de ver son ilegales.
