José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) en Honduras asesinados el 18 de octubre "habían denunciado en repetidas ocasiones y de forma pública la situación de grave riesgo en la que se encontraban", señaló la CIDH en un comunicado.
El ataque a ambos activistas ocurrió después de que "los líderes campesinos salieran de una reunión de las Empresas Asociativas del Asentamiento la Confianza", donde participaban unos 40 trabajadores rurales, añadió la CIDH.
El órgano, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), considera además de "suma gravedad" que el Estado de Honduras no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de estas personas.
Cáceres intentaba proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas del proyecto de la empresa DESA, que pretendía construir una central hidroeléctrica en el noroeste de Honduras.
Tan solo 12 días después del crimen de Cáceres, fue asesinado Nelson García, destacado miembro del Copinh.
Honduras es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según la organización no gubernamental Protection International, pues además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas e intimidaciones que quedan impunes.
Datos de otras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2010 y 2015 fueron asesinados 109 ambientalistas en el país centroamericano.
