Entre centenares de expertas, activistas, autoridades del Gobierno y de organismos internacionales que se reúnen en Uruguay hasta el 28 de octubre, allí estaban, atentas, escuchando. Se autodefinen como "trabajadoras sexuales" y quieren que el Estado también las reconozca como tal.
"Históricamente han sido otras las que han hablado por nosotras, las que han escrito artículos, libros y leyes por nosotras, las que han pensado políticas por nosotras. Pero nunca nos sentaron en las mesas de discusión", criticó Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Con su mirada y voz firme, invita a reflexionar sobre el concepto de "la mujer objeto" y sobre la importancia de desvincular el trabajo sexual elegido de forma consciente de la trata, que obliga a mujeres a ejercerlo.
Desde algunas corrientes de los movimientos de mujeres el trabajo sexual es vinculado a la explotación, mientras que en otras vertientes se considera que la práctica de vender sexo fomenta la 'cosificación' de la mujer. La polémica gira en torno a prohibir o a regular la profesión.
Uruguay es el único país de América Latina que ha reglamentado el trabajo sexual, según Orellano. En el resto de la región una mirada social prohibicionista se traduce en un vacío legal en el que la práctica no está penalizada pero tampoco permitida. Para la activista, Alemania, Holanda y Nueva Zelanda también son referencias en el mundo.
"La política prohibitiva y punitiva termina aumentando el proxenetismo y la explotación sobre el cuerpo de las mujeres", añadió en alusión a la tendencia de las autoridades y del propio movimiento de mujeres en preferir combatir el trabajo sexual.
Orellano criticó a las corrientes que defienden la legalización del aborto como un derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo cuando no validan "ese mismo derecho" en la decisión de trabajar con su cuerpo. "También ahí aparece un poco de tutelaje y paternalismo, queriendo imponer lo que debemos hacer con nuestro cuerpo", observó.