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Nicaragua está "en rojo" en materia de derechos de las mujeres

© REUTERS / Ivan AlvaradoManifestantes se pronuncian en contra de la violencia contra mujeres en Chile
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El marco jurídico que en Nicaragua debe dar protección a las mujeres es solo teórico, pues en la práctica no se respetan sus derechos, dijo a Sputnik Nóvosti la activista Finix Castillo.

"En todo lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Nicaragua hay un foco rojo; el marco jurídico dice que tenemos derecho a una salud sexual y reproductiva integral, pero en la realidad no es así, sentimos que no se cumple", señaló Castillo, quien se encuentra en Montevideo con motivo de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

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En Nicaragua el aborto es un delito en cualquier circunstancia desde que Daniel Ortega, otrora comandante de la Revolución Sandinista, lo penalizara totalmente en 2007, cuando fue investido presidente.

Así, en el nuevo Código Penal se establecieron penas de prisión tanto para las mujeres que interrumpan su embarazo como para los profesionales de la salud que lleven a cabo el procedimiento.

"El Gobierno no garantiza que podamos vivir con una libertad plena y autonomía sobre nuestros cuerpos", indicó a esta agencia Castillo, integrante de la Asociación de Mujeres Adolescentes y Jóvenes Caribeños (Admajc).

La activista aseguró que las organizaciones feministas del país "siguen luchando para poder tener acceso al aborto terapéutico", y recordó que Nicaragua es uno de los países de la región con la mayor tasa de embarazo de menores y adolescentes.

Esa tasa se sitúa en 109 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 a 19 años, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas publicados en 2014.

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En ese sentido, Castillo indicó que el Gobierno "da víveres a los recién nacidos y felicita a esas madres niñas, pero no dan becas para que puedan estudiar ni oportunidades de trabajo" para que puedan tener un mejor futuro.

Otra de las medidas más criticadas por el movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos es la reforma de la norma 779, la Ley integral contra la violencia hacia la mujer que se aprobó en 2012, y que permite la mediación entre víctimas y agresores para los delitos "menos graves" de violencia de género.

El país centroamericano, con una población de poco más de seis millones de habitantes, registró en 2014 un total de 36 feminicidios, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Montevideo es la sede de la decimotercera edición de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal, en la que hasta este viernes se tratan temas como igualdad de género, autonomía de las mujeres y desarrollo sostenible.

El objetivo de esta cita es que la agenda regional de género produzca una estrategia para su implementación que se presentará esta tarde bajo el nombre "Estrategia de Montevideo".

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