Según la especialista, el problema reside en que no existe un contrapeso por parte del resto de fuerzas políticas, ya sean "liberales, de izquierdas o progresistas", pues no consiguen diferenciarse de las posturas de los conservadores respecto al aborto.
"Gastan más fuerzas en ceder terreno para llegar a acuerdos políticos con quienes tienen poder económico, que en construir una agenda diferente", explicó González, quien participó en la mesa "Autonomía física, derechos sexuales y reproductivos" en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que tiene lugar en Montevideo.
La razón por la que los gobiernos progresistas no se diferencian de las administraciones conservadoras es que "comparten el lugar del privilegio, el lado poderoso de esta ecuación hegemónica patriarcal", dijo la especialista.
Situación en la región
En ese sentido el aborto en la región "sigue siendo un delito incluso en los países donde se ha logrado una cierta liberalización", pues lo que se ha modificado es la posibilidad de no aplicar la pena si la mujer cumple con una serie de condicionamientos administrativos, apuntó González.
En Uruguay, la despenalización del aborto entró en vigor en 2012.
En ese país la norma permite interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, pero habilita la objeción de conciencia de los profesionales ginecológicos que no quieran participar en la práctica de abortos y eso también ha complicado el acceso, explicó la especialista colombiana.
"El miedo al estigma, a la persecución y al desprestigio por parte de los profesionales también recae sobre las mujeres, pues las atienden como si fueran criminales", añadió.
La mujer se enfrenta a una multiplicidad de normas en América Latina que van desde el "desconocimiento de los profesionales de la salud de los marcos normativos, a interpretaciones restrictivas o la mala praxis de la objeción de conciencia que tiende a generalizarse", insistió.
En República Dominicana actualmente se discute a nivel parlamentario la posibilidad de despenalizar la interrupción del embarazo en determinados casos.
Centroamérica es la subregión más restrictiva en la materia estableciendo incluso penas de prisión, que en el caso de El Salvador llegan hasta los 40 años.
La XIII Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), se celebra hasta este viernes en Montevideo.
