Los integrantes de esa instancia interna sesionarán en la histórica sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido, adonde fueron citados Duarte y la parte acusadora, es decir "los militantes César Mora y Armando Barajas, para el desahogo de pruebas y alegatos.
Sin embargo, se descarta la posibilidad de su asistencia, desde que el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) dijo que la fiscalía federal ha declarado prófugo de la justicia al mandatario, cuyo mandato de seis años termina en diciembre, pero pidió permiso para ausentarse y enfrentar los cargos para después esfumarse.
Si Duarte no asiste a presentar pruebas de descargo que lo beneficien ante las imputaciones, se daría luz verde al procedimiento sancionador, explicó la dirigencia del PRI.
Un juez federal, después de un análisis y de las pruebas del Ministerio Público y fiscales del caso decidió emitir una orden de aprehensión en contra del gobernador.
Los delitos imputados a Duarte y otras ocho personas son: "delincuencia organizada y lavado de dinero, y de esas nueve personas, dos ya fueron detenidas", reveló la semana pasada la fiscal general Arely Gómez, flanqueada por el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
"Asumimos siempre una presunción de inocencia y de esa manera se está trabajando, el Gabinete de Seguridad en coordinación está trabajando para una posible ubicación", dijo la alta funcionaria federal.
Duarte enfrenta señalamientos del gobernador electo que asumirá el cargo en diciembre, el opositor Miguel Angel Yunes —quien ganó al frente de una coalición de centroderecha y centroizquierda— por la malversación de 50.000 millones de pesos de fondos públicos (unos 2.500 millones de dólares).
No obstante, la primera orden judicial de arresto es solo por una red de empresarios y prestanombres para desviar 500 millones de pesos (más de 25 millones de dólares) para comprar terrenos y propiedades en México y EEUU.
