"Los sistemas jurídicos y legales (en la región) operan post facto, no hay capacidad de anticipación suficiente y exigen a las mujeres pruebas difíciles y dolorosas de presentar, por lo que deciden no denunciar la violencia", señaló Bárcena, quien se encuentra en Montevideo con motivo de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que comenzó este martes.
Si bien Bárcena destacó los avances logrados en los últimos años en América Latina en la lucha contra la violencia de género, como la mejora de los marcos normativos o la creación de mecanismos nacionales de la mujer, falta evolucionar hacia que esta problemática sea un tema público.
"Hay que salir de ese círculo vicioso, hay que transversalizar el problema a todo el aparato estatal; se ha avanzado mucho, pero el cumplimiento de las leyes tiene que venir acompañado de una evolución institucional a la par, y eso está fallando tanto en el ámbito policial como en los judiciales y penales", insistió.
Por ello, la máxima representante de la Cepal destacó que la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, tanto en los ámbitos de cumplimiento de la ley como en los de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia de género, de manera que puedan tener un respaldo como casas de acogida donde alojarse con sus hijos y, en definitiva, "formas de restablecer su vida sin miedo", precisó.
Autonomía necesaria
Bárcena también recordó que aún existen desafíos relacionados con tres esferas de la autonomía de las mujeres: física, económica y política.
La escasa independencia económica de muchas mujeres en la región hace que no denuncien situaciones de violencia machista, por ello la Cepal propone la creación de una renta básica ciudadana equivalente a la línea de pobreza de cada país, que depende de la canasta básica de cada territorio.
"Las transferencias condicionadas que se dan en muchos países se deben transformar en un ingreso básico ciudadano, que no condicione y que no ponga más trabas a las mujeres", explicó.
La autonomía física, añadió, tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a la salud sexual y reproductiva, y que puedan conocer sus derechos y las instancias a las que pueden acudir en caso de violencia de género.
"Deben poder ejercitar sus derechos a ser protegidas, que estén comunicadas con la policía, por ejemplo, que esos sistemas se pongan a sus servicios", añadió.
Por último se refirió a la importancia de la autonomía política, es decir, la necesidad de que participen más mujeres en instancias de poder, ya que las leyes de cuotas no son suficientes para lograr la igualdad en este ámbito.
"En América Latina lo que más nos preocupa es la falta de participación en las alcaldías: solo el 12,3% de mujeres son alcaldes en la región. Se ha avanzado en el ámbito parlamentario y en los Gobiernos centrales, pero hay una deuda también en el sector privado, no solo el techo es de cristal, también las paredes", ironizó Bárcena.
Consenso de Montevideo
El objetivo de esta cita es que la agenda regional de género "produzca una estrategia para su implementación —ue se denominará "Consenso de Montevideo"—, que indicará qué pasos hay que dar y cómo se puede fortalecer el observatorio de género (de la Cepal) para que se rompa el silencio estadístico", explicó Bárcena.
La conferencia se desarrolla desde este martes y hasta el 28 de este mes con seis paneles temáticos y casi una veintena de eventos paralelos e intervenciones culturales.
