Represión y muerte en protesta por proyecto minero en Perú

El conflicto de la mina Las Bambas, en la región peruana de Apurímac (sur), resurgió con una muerte más a raíz de una protesta social. Las comunidades indígenas continúan su lucha contra las implicancias ambientales y económicas del proyecto.

El desencadenante de la protesta, ocurrida el 14 de octubre, es la construcción de una carretera que atraviesa 18 comunidades indígenas de las regiones de Apurímac y Cuzco para transportar los minerales extraídos de la mina. La policía reprimió la manifestación y en la revuelta murió un líder comunitario. Resultaron heridas además unas 20 personas. En 2015, murieron cuatro manifestantes en un hecho similar contra Las Bambas.

Aunque en un inicio "Las Bambas" preveía la construcción de un mineroducto, una reformulación del proyecto llevó al trazado de un camino afirmado. Este proceso no contó con la participación de las comunidades locales, explicó a Sputnik Ana Leyva la directora ejecutiva de la ONG peruana CooperAcciona.

El tránsito derivado de esta vía genera ruido, vibraciones y levanta polvo. Los 250 camiones que circulan a diario afectan el bienestar de las comunidades, aseguró la directora de CooperAcciona. Esta entidad participa de las negociaciones entre el gobierno, la minera y los campesinos desde antes del inicio del conflicto.

"La carretera afecta a las personas que viven a los costados. Afecta sus cultivos y también los pastizales. Son comunidades ganaderas: con el polvo el pasto crece menos y los animales también, porque como el forraje está cubierto de polvo, este interfiere en su ingesta", dijo Leyva.

La construcción de la carretera implicó expropiaciones y la pérdida de compensaciones económicas para las comunidades. Anteriormente la minera les pagaba una retribución por transitar por sus tierras. Sin embargo, la nueva carretera es una vía pública, por lo que perdieron el derecho a este tipo de compensaciones.

"Debió establecerse una negociación con las comunidades para la venta de las tierras, pero eso no se ha dado. Entonces las comunidades sienten que han sido despojadas y de hecho lo han sido", precisó la activista.

Detrás del conflicto de Las Bambas también está la policía nacional. Esta fuerza, que abrió fuego contra los manifestantes, tiene contratos de seguridad privada con las empresas. El ministro del Interior de Perú, Carlos Basombrío, aseguró que los policías no recibieron órdenes desde el Gobierno de actuar contra los manifestantes. La orden por la que se rigieron los efectivos en la manifestación se dio de forma irregular, sin los procedimientos y autorizaciones requeridos, dijo el ministro. Basombrío fue citado por el Congreso Nacional de Perú este miércoles 19 de octubre para dar explicaciones de los hechos.

Según Leyva, las declaraciones del ministro ponen de manifiesto que existe "una distorsión" de las funciones de la policía a raíz de un conflicto de interés debido a los contratos con privados "La policía tiene la función de garantizar el orden público y los derechos de las personas y eso entra en conflicto con este compromiso que tienen a través de estos convenios", concluyó.