"Estamos pasando de una vigilancia particularizada, con sospecha individualizada y debido proceso, a una vigilancia masiva de toda la población", explicó la abogada Katitza Rodríguez, coordinadora del informe "Ojos que no parpadean: El estado de la vigilancia en América Latina".
Durante buena parte del siglo XX las escuchas telefónicas comandaron las tareas de vigilancia, pero el desarrollo reciente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abrió el espectro de la interceptación e intervención de comunicaciones a límites insospechados hasta hace poco tiempo.
"La idea de vigilancia, de que el Estado tiene herramientas para intervenir las comunicaciones, no es nueva, es algo que los Estados han estado haciendo por mucho tiempo", señaló el abogado uruguayo Fabrizio Scrollini, especialista en transparencia gubernamental y coautor del informe.
Pero con las TIC, estas herramientas han crecido de forma exponencial en su capacidad y poder para intervenir las comunicaciones, según el experto.
Los Estados tienen "mayor capacidad" de intervenir las comunicaciones y "potencialmente hacerlo sin reglas claras", observó.
Metadatos
La tecnología permite ya no solamente escuchar una conversación, sino establecer patrones de comportamiento a través de la interceptación de cuentas de correo electrónico y redes sociales, explica Rodríguez, directora de derechos internacionales de EFF.
Con el software adecuado, conocido como malware (del inglés "malicious software") se puede rastrear cada uno de los movimientos realizados por una persona: dónde estuvo, con quién y por cuánto tiempo.
"Cuando hablamos de vigilancia en la era digital estamos hablando de interpretar metadatos, los datos de la comunicación, no del contenido, quién se comunica con quién, determinar patrones de comportamiento por la información que revela tu teléfono o las redes sociales", señaló.
Secreto
En la gran mayoría de los países analizados, los gobiernos han adquirido sistemas de vigilancia que trasgreden sus propias leyes, sin permitir que la pertinencia de invertir en esas tecnologías se discuta en el Poder Legislativo y en la sociedad civil.
Esto, sostienen los investigadores, responde a una "cultura del secreto muy arraigada" respecto a las cuestiones de seguridad pública y seguridad nacional.
"Con esta narrativa que existe en América Latina con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, estas cosas calzan muy bien, porque son nuevas herramientas para luchar contra este enemigo terrible", abundó Scrollini.
El investigador uruguayo, por su parte, puso el ejemplo de su país, cuyo gobierno adquirió un software brasileño conocido como El Guardián, sin siquiera informar al parlamento.
"¿Quiénes son estos proveedores, cómo se regula la compra de esto, qué seguridad tiene el propio Estado de lo que está comprando, cómo son los criterios públicos para controlar ese tipo de actividades, quién es el grupo de parlamentarios que debería estar a cargo de hacer esto, por qué no están a cargo de hacer esto?", cuestionó Scrollini.
Estos cuestionamientos no son hacia la modernización de los aparatos del Estado para el combate al crimen organizado o por razones de seguridad nacional, sino que objetan que esa modernización se lleve a cabo sin respetar las libertades de los ciudadanos.
"Las autoridades que ejercen el control público deben modernizarse, no estoy en contra, pero deben hacerlo con un sentido genuino, que respete las libertades y que además sea efectivo", argumentó el especialista uruguayo.
Las autoridades, opinó, "tienen que dejar de comprar espejitos de colores y empezar a mirar en serio las capacidades tecnológicas que requieren, los proveedores que las ofrecen y empezar a generar criterios para ello".
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La Electronic Frontier Foundation, creada en 1990, es una organización no gubernamental internacional con sede en EEUU que defiende los derechos civiles y la libertad de expresión en la era digital.
