"Cuando no hay separación de poderes, se pone en juego la democracia", aseguró Forcadell, contra la que el fiscal superior de Cataluña presentará una querella por delitos de prevaricación y desobediencia al permitir que el Parlamento catalán votase las conclusiones de una comisión para el estudio de un proceso constituyente.
La actuación de la Fiscalía servirá para ejecutar la petición del Tribunal Constitucional (TC), que, siguiendo las peticiones del Gobierno, el pasado 6 de octubre recomendó el inicio de acciones penales contra Forcadell.
"Aquello que decide el Gobierno español pasa al Tribunal Constitucional y después pasa a la Fiscalía", afirmó la presidenta del Parlamento catalán.
Forcadell volvió a defender su actuación afirmando que "hizo lo que tenía que hacer" y ya que en la cámara catalana "se puede hablar de todo aquello que interese" a los ciudadanos.
"Lo volvería a hacer, porque estoy convencida de que lo que hice fue defender la soberanía del Parlament y la libertad de expresión", expuso la política independentista.
En esa misma fecha, la cámara catalana respondió aprobando una resolución que establece septiembre de 2017 como la fecha límite para celebrar un referéndum de independencia que no contempla la Constitución española.
El Gobierno español no tardó en responder y el pasado viernes anunció que también llevará esa resolución ante el Tribunal Constitucional, lo que ahondará en la batalla judicial que mantiene el Ejecutivo central con las instituciones catalanas.
