"Lo que uno podría decir que caracteriza a los gobiernos progresistas en materia de seguridad pública es la carencia de un discurso propio", dijo el especialista chileno Diego Rochow, coordinador general de la ONG Litigación Estructural de América del Sur.
"Y una vez instaurado, el mundo progresista no tuvo otra opción que utilizar esta base ideológica para desarrollar propuestas que de manera sustantiva no presentan grandes diferencias con las demandas conservadoras, sobre todo en relación con la idea de que la principal herramienta para reducir los niveles de criminalidad es el recurso de la prisión", explicó.
Uno de cada tres homicidios cometidos en el mundo corresponden a América Latina y el Caribe, lo que convierte a la región en la más violenta, con cifras cuatro veces por encima del promedio, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La tendencia, lejos de disminuir, se mantiene en aumento al menos desde 2005.
En este contexto, la primera década de este siglo, signada por gobiernos de izquierda o centroizquierda en la región, no podría considerarse ganada en materia de seguridad pública, más allá de avances puntuales.
Algunos de estos asuntos están en debate desde el miércoles hasta este viernes en el III Encuentro Latinoamericano Progresista, que se desarrolla en Ecuador.
Debilidad progresista
"Ahí está la debilidad del progresismo: tener una agenda propia en materia de seguridad, generar legitimidad sobre seguridad y además tener ejemplos de que esas intervenciones dan resultados", explicó Appiolaza, director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad argentina de Godoy Cruz (oeste).
Para el especialista, quien se ha desempeñado como consultor de las Naciones Unidas en estos temas, la izquierda latinoamericana se ha mostrado incapaz de imponer políticas que puedan ser consideradas progresistas.
"Cuando el terreno es 'discutamos la sociedad a partir de la violencia', la izquierda sigue perdiendo el debate y termina cediendo permanentemente a unos planteos conservadores, efectistas", consideró Appiolaza.
También hubo mejoras en la aplicación de políticas en función de datos estadísticos, en contraposición con el llamado "populismo penal" que promueve la derecha, esto es, "hacer política a través de la seguridad".
"Cuando las políticas se basan en función de información y en análisis de información, ya le aportan una racionalidad que no es poner la emocionalidad como elemento que estructura las reacciones del Estado", analizó Appiolaza.
Doble operación
"El mundo político suele operar, sea desde un paradigma progresista o conservador, con un evidente afán electoralista en materia de seguridad pública; se trata de un uso instrumental del delito", opinó.
Mientras tanto, la criminalidad arruina vidas pero es también una sangría para las economías regionales.
El crimen y la violencia suponen un costo promedio del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, indica un informe del año 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo.
