"Entendemos que, si hay cierta voluntad de pasar página, todos los presos, independientemente de los delitos que hayan cometido, tendrían que ser puestos en libertad", expresó Casanova tras ser preguntado sobre si esa especie de amnistía debería ser aplicada también a personas condenadas por asesinato.
El diputado de EH Bildu, que aspira a la reelección en los comicios del 25 de septiembre, argumentó su posición exponiendo que "esto es lo que se ha hecho en Sudáfrica, es lo que se ha hecho en Irlanda y es lo que se está haciendo ahora en Colombia".
"Cuando un conflicto se cierra se puede aplicar algo que no se trata de una ley de impunidad que no tenga en cuenta la existencia de delitos, sino una justicia transicional que interprete la aplicación de la justicia dentro del nuevo marco generado tras la finalización del conflicto", expresó.
En opinión de Casanova, "no tiene sentido mantener a cerca de 400 personas en prisión" una vez finalizado el conflicto armado, "sobre todo si se tiene en cuenta que el cese de la violencia ha sido unilateral por una de las partes".
"Sin pedir impunidad, pedimos justicia transicional que abarque a todas las personas en prisión", insiste Casanova.
"Tenemos casos como el de todos los condenados por el GAL, que tras cometer torturas, secuestros y homicidios están en la calle", recordó el político independentista antes de apostillar que "no ha habido impunidad en el conflicto vasco" ya que la gente que ya está en prisión "en la mayoría de los casos ha cumplido una parte sustancial de la condena".
Lea más: "El Gobierno español cree que la existencia de ETA le da réditos electorales"
El propio Iker Casanova cumplió una pena de once años de cárcel antes de ser diputado tras ser condenado por pertenencia a organización terrorista en el caso Ekin, considerada parte del aparato político de ETA.
Más allá de "explorar las posibilidades de aplicar una justicia transicional", si EH Bildu llega a ostentar posibilidades de Gobierno en Euskadi, trataría de recuperar competencias penitenciarias con el objetivo de acercar a los presos dispersos por todo el Estado español "en cumplimiento de su derecho a pasar la condena en el lugar más cercano posible a su lugar de origen".
