"Según las encuestas es más probable que un 70% de la población vote opciones que defienden el derecho a decidir, eso es un punto de inflexión en la trayectoria política de este país que debe culminar en un proceso para activar una nueva arquitectura institucional", señaló el diputado, que aspira a la reelección en los comicios de este domingo.
Los estudios demoscópicos coinciden en pronosticar que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ganará las elecciones sin mayoría suficiente para formar Gobierno.
"Un tripartito entre EH Bildu, PNV y Podemos es nuestra oferta central de campaña porque lo que planteamos es que en esta legislatura no hay que buscar un Gobierno al uso para cuatro años sino afrontar problemas estructurales del país", asegura el diputado de EH Bildu
Ese objetivo, según explica Iker Casanova, requiere algo más que una mayoría simple para gestionar el día a día parlamentario y exige "un consenso político bastante amplio" en cuestiones como "el reconocimiento al derecho a decidir", el "blindaje del autogobierno" y la elaboración de un "programa de rescate social".
"Se debe aprovechar la inmensa mayoría sociológica y política respecto a un nuevo estatus del País Vasco para materializar esa voluntad democrática en una nueva arquitectura institucional", prosigue.
Casanova cree que esa empresa se deberá afrontar de una manera unilateral, sin ser pactada con el Gobierno central, porque "en estos momentos en el Estado español no existe una voluntad democrática para responder a las peticiones al derecho de la libre autodeterminación de los pueblos"
"Desgraciadamente no estamos en Canadá o en el Reino Unido", apostilla.
"Nos encantaría que este pueblo formulara una propuesta en términos democráticos y que esa propuesta fuese acepada por Madrid", expone Casanova.
Ante una más que previsible negativa desde Madrid, Casanova considera que "habría que articular mecanismos de unilateralidad".
"Para que se respete la voluntad democrática de este pueblo no va a valer con un acto de voluntarismo desde el Estado, sino que habrá que articular un mecanismo de lucha política y social pacífica para hacer valer nuestros derechos"
Política penitenciaria
En cuanto a política penitenciaria, Iker Casanova considera que el cese de la actividad armada de ETA hace ya casi cinco años debería propiciar la aplicación de una "justicia transicional" que derive en la puesta en libertad de todos los presos del conflicto armado en Euskadi, sin tener en cuenta la gravedad del delito cometido.
El diputado de EH Bildu justificó su posición exponiendo que "esto es lo que se ha hecho en Sudáfrica, es lo que se ha hecho en Irlanda y es lo que se está haciendo ahora en Colombia".
"Cuando un conflicto se cierra se puede aplicar algo que no se trata de una ley de impunidad que no tenga en cuenta la existencia de delitos, sino una justicia transicional que interprete la aplicación de la justicia dentro del nuevo marco generado tras la finalización del conflicto", expresó.
En opinión de Casanova "no tiene sentido mantener a cerca de 400 personas en prisión" una vez finalizado el conflicto armado, "sobre todo si se tiene en cuenta que el cese de la violencia ha sido unilateral por una de las partes".
"Sin pedir impunidad, pedimos justicia transicional que abarque a todas las personas en prisión", insiste Casanova.
Este diputado opina que ni siquiera es necesario aplicar una justicia transicional para liberar a los presos ya que se podría hacer con una "lectura generosa" de la legislación ordinaria española, que permite conceder el tercer grado de forma provisional a personas que no presenten posibilidades de volver a cometer los delitos que le llevaron a prisión.
"Tenemos casos como el de todos los condenados por el GAL, que tras cometer torturas, secuestros y homicidios están en la calle", recordó el político independentista antes de apostillar que "no ha habido impunidad en el conflicto vasco" ya que la gente que está en prisión "en la mayoría de los casos ha cumplido una parte sustancial de la condena".
El propio Iker Casanova cumplió una pena de once años de cárcel antes de ser diputado tras ser condenado por pertenencia a organización terrorista en el caso Ekin, considerada parte del aparato político de ETA.
Más allá de "explorar las posibilidades de aplicar una justicia transicional", si EH Bildu llega a ostentar posibilidades de Gobierno en Euskadi, trataría de recuperar competencias penitenciarias con el objetivo de acercar a los presos dispersos por todo el Estado español "en cumplimiento de su derecho a pasar la condena en el lugar más cercano posible a su lugar de origen".
