Lula da Silva está acusado de corrupción pasiva, activa y blanqueo de dinero por recibir un apartamento reformado de la constructora OAS —una de las involucradas en la trama corrupta de Petrobras— como forma disimulada de entregar sobornos.
Moro también aceptó las denuncias contra la esposa de Lula, Marisa Letícia; el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto; y cinco directivos de OAS: Léo Pinheiro, Paulo Gordilho, Agenor Franklin Magalhaes, Fábio Hori y Roberto Moreira.
En su escrito de aceptación de la denuncia, Moro remarca que en esta fase preliminar no se exige conclusión en relación a la presencia de responsabilidad criminal, sino simplemente "justa causa".
"Tales hechos y pruebas son suficientes para la admisibilidad de la denuncia y sin perjuicio de contradictorio y amplia discusión, durante el proceso judicial, en el que los acusados, incluido el expresidente, tendrán todas las oportunidades de defensa", matizó el juez.
Cuando presentó la denuncia el fiscal Deltan Dallagnol aseguró que Lula era el "comandante máximo" del esquema de corrupción creado en el seno de Petrobras, y que habría servido para sostener al Partido de los Trabajadores (PT) en el poder durante años.
Esta es la segunda vez en que Lula es imputado en el marco de la Operación Lava Jato, ya que también está acusado de obstrucción a la Justicia por intentar comprar el silencio del exdirectivo de Petrobras Néstor Cerveró.
Cerveró es uno de los cabecillas de la trama y uno de los principales delatores; el exsenador del PT Delcídio Amaral fue quien explicó a los investigadores que Lula había intentado frenar sus declaraciones.
