"Estamos desde hace tres semanas contribuyendo con la organización de este importante evento para las FARC y para el país", dijo este viernes a la emisora Blu Radio el negociador plenipotenciario de paz alias 'Carlos Antonio Lozada'.
La Décima Conferencia, que comienza este sábado y concluirá el viernes 23 en los llanos del Yarí, una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, será la última que realice como grupo armado.
Tras la firma del acuerdo final de paz con el Gobierno, el lunes 26, y el plebiscito que debería refrendar esos pactos el 2 de octubre, las FARC estará habilitada a celebrar congresos como los de cualquier partido político.
Todo listo
Unos 200 delegados de las estructura interna de las FARC debatirán los acuerdos generales "sobre los cuales debe ser construida la propuesta política que se debe dar a conocer al país en las próximas semanas", explicó Lozada.
La logística de la Conferencia requirió que hombres y mujeres de la insurgencia mejoraran las vías de acceso, construyeran oficinas, dormitorios, quioscos y auditorios en madera y ladrillo para alojar a los más de 1.000 asistentes que llegarán a la cita, incluidos 50 invitados especiales y cerca de 350 periodistas.
Este sábado, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', inaugurará el cónclave.
Cada mañana comenzará con declaraciones a los medios sobre los avances logrados en el debate de la jornada anterior.
"Se trata de una conferencia con importancia histórica", destacó Lozada, pues entrañara la decisión de transformarse en una organización que "entre a participar en el marco nacional de la política legal y sin armas".
La paz como tema central de la Décima Conferencia es producto de casi cuatro años de negociaciones públicas con el Gobierno en la capital cubana y de al menos un año de discusiones secretas.
Última oportunidad
Las autoridades confían en que la mayoría de los ciudadanos se expresen por el "Sí" en el plebiscito del 2 de octubre, pues un resultado negativo entrañaría llevar el proceso a fojas cero.
Una encuesta publicada este viernes por la consultora Opinómetro Datexco muestra una intención de voto 55,3 por ciento para el "Sí" y de 38,3 por ciento para el "No", que ha recuperado terreno en la última semana.
Para el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, un triunfo del "No" llevaría a Colombia a tener que esperar cerca de una década para sentarse de nuevo a negociar con las FARC, ya que no hay posibilidad de renegociar ahora, como alegan los críticos del acuerdo.
"Si gana el 'No', habrá que aplazar esas ideas", dijo De la Calle el viernes en un acto en Bogotá para difundir los acuerdos.
"Esto no es una amenaza, es sencillamente un acto de realismo, lo que muestra incluso la experiencia es que entre cada ruptura y el siguiente inicio de conversaciones pasa por lo menos una década", insistió De la Calle.
Sea como fuere, la confianza entre las partes se mantiene intacta.
El jueves se reunieron en San Vicente del Caguán, sede de la Conferencia, el alto comisionado de Paz del Gobierno, Sergio Jaramillo, y el jefe del Comando Estratégico de Transición, Javier Flórez, con los miembros del Secretariado de las FARC para definir asuntos relacionados con la firma de la paz.
En ese encuentro se estableció que el 25 de septiembre, en Cartagena (norte), "se adelantará una reunión para finalizar la preparación logística" de las zonas en las cuales se concentrarán las FARC para comenzar a dejar las armas y volver a la vida civil, y el 27, un día después de la firma del Acuerdo Final de Paz, la misión de las Naciones Unidas iniciará el acompañamiento y verificación.
Asimismo, se determinó que "entre el 6 y el 10 octubre se realizará el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación a sus sedes locales", informó el Gobierno al término de la reunión.
A las urnas
El presidente Juan Manuel Santos opinó este mes que las FARC fracasarían en su intento de convencer a un país conservador como Colombia de adherir al "marxismo-leninismo" y a "la Revolución Bolivariana".
"No les irá bien, pero tienen todo el derecho de ir a las urnas", sentenció Santos.
El paso hacia la legalidad implica además la imposibilidad de financiarse con dineros ilícitos de extorsiones y secuestros, a riesgo de perder la personería jurídica.
La guerrilla campesina alzada en armas en 1962 y ahora dispuesta a dejarlas por una agenda reformista pactada con el Gobierno, deberá auscultar la posibilidad de contar con representación política, otro de los temas a debatir en la inminente Décima Conferencia.
