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Justicia argentina empieza a investigar a vicepresidenta

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BUENOS AIRES (Spútnik) — El juez argentino Ariel Lijo pidió las declaraciones juradas de bienes de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa que investiga el origen del dinero robado de su casa en noviembre de 2015, informaron a Spútnik fuentes judiciales.

"El juez solicitó las declaraciones juradas de Michetti de los años 2014 y 2015", señalaron las fuentes.

El fiscal Guillermo Marijuán imputó la semana pasada a Michetti de un posible delito de acción pública y pidió al juez una serie de medidas probatorias a las que el magistrado accedió este miércoles.

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La causa se originó a raíz de la denuncia de un abogado que sospechó que los 50.000 dólares y 245.000 pesos (16.400 dólares) que le fueron robados a Michetti el 22 de noviembre de 2015, día del balotaje presidencial en el que ella fue electa vicepresidenta, podrían tener un origen ilícito.

El fiscal solicitó entonces el "requerimiento de instrucción" debido a "la posible comisión de un delito de acción pública, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda".

Michetti explicó en aquel momento que los 50.000 dólares eran un préstamo de su pareja, el empresario Juan Martín Tonelli Banfi, otros 200.000 pesos (13.300 dólares) procedían de una "donación" para la Fundación Suma que ella preside, mientras los restantes 45.000 pesos (3.000 dólares) estaban destinados a gastos de refacción de su vivienda.

Al acceder al pedido del fiscal, el juez Lijo libró oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Oficina Anticorrupción para obtener las declaraciones juradas de bienes de Michetti.

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Además solicitó a la Inspección General de Justicia los legajos de la Fundación Suma.

A la denuncia original del abogado Leonardo Martínez Herrero, se sumaron los diputados de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV) Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

Sobre la Fundación Suma, los legisladores apuntaron que "la mayoría de los miembros del (actual) Gobierno (de Mauricio Macri) integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el (gobernante) partido político PRO".

El juez también decidió investigar el pago de salarios de la Fundación Suma, pese a que según la denuncia no tenía empleados registrados.

Ésta es la primera investigación penal abierta contra la vicepresidenta de Argentina desde que asumió su cargo en diciembre de 2015.

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