"La parte rusa y los diplomáticos y juristas rusos continúan atendiendo el caso de Yaroshenko y otros ciudadanos retenidos en EEUU, continuaremos defendiendo sus intereses y luchando por su retorno a la patria", aseveró.
Según Peskov, "puede que este trabajo por el momento no tenga resultados, pero no cejaremos en nuestro empeño".
Según el diplomático, Rusia propuso a EEUU aplicar el Convenio del Consejo de Europa de 1983 sobre traslado de condenados para que cumplan la pena en el país de origen.
A su vez, el responsable de la Cancillería rusa para los derechos humanos, el diplomático Konstantín Dolgov, denunció el aislamiento prolongado al que es sometido el empresario Víctor Bout en una prisión de Estados Unidos, una práctica que la ONU equipara a la tortura.
"Son inaceptables las condiciones del encierro de Bout que hasta ahora permanece en una celda de aislamiento para criminales peligrosos pese a que las propias autoridades norteamericanas admiten que no representa ninguna amenaza", dijo Dolgov.
Los estadounidenses, indicó, han rechazado todas las apelaciones de los abogados y las peticiones argumentadas de su traslado a una celda común.
El propio Yaroshenko que fue operado en enero de 2015 denuncia que los estadounidenses intentan eliminarle para ocultar la verdad sobre los crímenes de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.
"La justicia estadounidense, lamentablemente, muestra otra vez su falta de imparcialidad e ignora las pruebas contundentes para la revisión de ambos casos", remarcó Dolgov.
Además calificó la negativa de trasladar a Bout a una celda común y la falta de asistencia médica a Yaroshenko como un intento ilegal de EEUU de ejercer presión sobre los dos ciudadanos.
El piloto Yaroshenko fue detenido en Liberia en mayo de 2010 y posteriormente extraditado a EEUU.
En 2011 le condenaron a 20 años de cárcel por un supuesto intento de transportar cocaína al país norteamericano.
El empresario Víctor Bout fue arrestado en Tailandia en 2008 y entregado a EEUU en 2010, que lo condenó a 25 años de cárcel por un presunto plan para vender armas a las FARC, que la Casa Blanca cataloga como grupo terrorista.
La jueza Shira Scheindlin que siguió el caso confesaría después, al pasar al retiro en marzo de 2016, que la condena a Bout fue demasiado severa e inadecuada.
