Ordóñez "solicitó al Consejo de Estado declarar nulos los numerales V y VI del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), contenido en el Comunicado Conjunto número 69, proferido en La Habana el pasado 12 de mayo", reza el comunicado.
Según el procurador, debido a que el acuerdo final de paz aún no ha sido suscrito por las partes, aprobar el blindaje de un convenio político inexistente sería contrario a la Constitución, razón por la cual busca objetar el mismo a través de su demanda.
"Se le da categoría de 'Acuerdo Especial' al Acuerdo Final que suscriban (por el momento no hay un acuerdo firmado)", señaló Ordóñez en su demanda, según la Procuraduría.
En dicha demanda, el funcionario señala además que el blindaje del pacto —según ha expresado el propio Gobierno- no está supeditado "al visto bueno de los órganos estatales colombianos, ni mucho menos a una eventual refrendación popular", lo que va en contra de la Constitución de Colombia.
El Gobierno colombiano y las FARC mantienen diálogos de paz en La Habana desde noviembre de 2012 con el objetivo de lograr un armisticio que ponga fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia, armisticio que cuenta con una serie de detractores políticos que en un futuro podrían modificar los acuerdos, lo que ha llevado a las partes a pensar en blindarlos incluso ante entidades internacionales.
El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes, es el más antiguo del continente y ha dejado unos 300.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados, según reportes oficiales.
