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Deportación de menores centroamericanos desde EEUU va a continuar pese a nuevas medidas

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MONTEVIDEO (Sputnik) — Es positivo que EEUU haya ampliado las opciones de asilo para menores de edad centroamericanos y sus familiares, porque implica reconocer que la violencia hace migrar a la población de esos países, aunque no significa que terminen las deportaciones, advirtió a Sputnik Nóvosti la experta guatemalteca Julia González.

"Que (los EEUU) consideren que la violencia y la inseguridad están causando desplazamientos y migraciones forzadas es positivo. Lo complicado es que los propios Estados de origen no lo afirmen" ya que por ejemplo en Guatemala "las autoridades dicen que la población migra por razones económicas", cuando hay otros motivos de mayor peso, señaló González, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones en ese país centroamericano.

En su opinión, esos Gobiernos deben aceptar "que existen serios problemas en el Triángulo Norte de Centroamérica como es la violencia e inseguridad producto del crimen organizado y las maras y la violencia intrafamiliar".

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El Gobierno de EEUU decidió el martes ampliar un esquema de asilo para menores de edad provenientes de estos tres países, que abarca también a los familiares adultos de esos niños y niñas que se encuentren en peligro.

La nueva resolución permitirá también presentar solicitudes de asilo para los hijos mayores de 21 años y para el progenitor de los menores de edad que vayan a ser asilados, siempre y cuando continúe viviendo en alguno de estos tres países.

La medida incluye además a otras personas que hayan quedado a cargo de los niños y que sean asimismo parientes del padre o de la madre, quienes deben ser residentes legales en EEUU.

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González criticó sin embargo que EEUU siga exigiendo la condición de que al menos uno de los dos padres de los menores residan de forma legal en el país, porque "limita mucho el apoyo a los jóvenes en Centroamérica", dado que la mayoría de esos migrantes se encuentra en situación irregular.

"Es un mensaje de doble vía: se amplía pero a los jóvenes que han huido de la violencia en Centroamérica hacia EEUU los están deportando. El mensaje es: quédense en sus países de origen y esperen a que nosotros autoricemos que lleguen a EEUU", lamentó González, quien además asegura que muchos menores ni siquiera saben que pueden pedir asilo.

El programa de EEUU implica que en el propio país de origen las autoridades deben hacer "las entrevistas a los menores para garantizar que efectivamente son víctimas de violencia y que tiene que haber un padre solicitando para que se les conceda el asilo".

Por ello, insistió la especialista, van a seguir siendo deportados.

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Si bien las deportaciones de niños no acompañados desde EEUU a Centroamérica "han disminuido en los últimos dos años", también hay que tener en cuenta que se ha producido "un aumento de las deportaciones desde México, país en el que desde 2014 se implementa el programa Frontera Sur, que ha servido para detener y deportar a más gente", dijo González.

Cabe recordar que en 2014 el flujo migratorio desde Centroamérica hacia EEUU se convirtió en una crisis humanitaria debido a que decenas de miles de niños y adolescentes comenzaron a viajar sin compañía de adultos, arriesgándose a grandes peligros.

En opinión de González, la solución no es frenar la migración, ya que se trata de "un derecho", y como tal debería ser una opción garantizada por los países de origen.

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En ese sentido, "criminalizar a los padres porque sus hijos emigran solos es algo equivocado", añadió la experta a esta agencia.

"Los padres saben que sus hijos corren un riesgo cruzando la frontera, pero también saben que es una oportunidad para que sigan vivos, porque la violencia en sus países también acaba con sus vidas", explicó.

Para González, una iniciativa que ayudaría a resolver la situación de los migrantes centroamericanos sería la creación de "programas eficientes de trabajadores temporales" y que cada Estado asumiera sus responsabilidades.

Una ola de corrupción y criminalidad sin precedentes afecta a El Salvador, Honduras y Guatemala, elevando los índices de homicidios en estos tres países a los primeros lugares mundiales.

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