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Jefe de la CICIG: apoyo popular, vital para combatir la corrupción en Guatemala

© AFP 2021 / Rodrigo AranguaProtesta contra la corrupción en la Ciudad de Guatemala (archivo)
Protesta contra la corrupción en la Ciudad de Guatemala (archivo) - Sputnik Mundo
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El respaldo popular a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se manifestó masivamente en 2014 causando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, es crucial para luchar contra el crimen organizado, dijo en exclusiva a Sputnik Nóvosti el jefe de ese organismo, Iván Velásquez.

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"El papel de la población en el respaldo a la CICIG y al Ministerio Público (Fiscalía) ha sido decisivo para llegar al punto en que nos encontramos: si no hubiera existido esa demostración pública, probablemente los sectores comprometidos con la criminalidad organizada se hubieran atrevido a cometer actos de cualquier naturaleza contra la Comisión", explicó Velásquez.

Para el comisionado, a partir de las investigaciones presentadas en abril de 2015, cuando salió a la luz el escándalo de defraudación aduanera conocido como La Línea, la CICIG "generó en la población la confianza de que sí es posible luchar contra la impunidad y la corrupción".

Desde ese momento se produjeron "manifestaciones que buscaban tanto apoyar las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público como reformas en el Estado, ese respaldo fue como una protección para nosotros", añadió Velásquez.

La estructura de corrupción de La Línea, para obtener ganancias ilícitas en los controles de aduanas, terminó con la renuncia y detención de Pérez Molina (2012-2015) y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.

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Este proceso sacudió la política del país centroamericano por ser el primero en el que aparecieron pruebas fehacientes sobre corrupción política.

En junio de este año, las pesquisas de la fiscalía y la CICIG demostraron que La Línea y otros esquemas ilegales de Pérez Molina y Baldetti no eran actos aislados de corrupción, sino parte de una estructura mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas.

Los dos exgobernantes se encuentran en prisión preventiva y han comparecido ante los tribunales, "algo impensable hace apenas dos años", señaló Velásquez, quien aseguró que la Comisión ha contribuido de forma decisiva a la impartición de justicia en Guatemala en los últimos 16 meses. 

Libre de presiones

Esos resultados obedecen, a su juicio, la "alta independencia" de la CICIG, que le permiten investigar con mayor objetividad y libertad.

Hay menos "presiones de estructuras criminales y de otros grupos de presión" por la "propia conformación como una comisión internacional y por investigadores que estamos por fuera de las discusiones e intereses que se pueden entender en el orden interno", apuntó.

Eso también ha permitido, continuó Velásquez, que el Ministerio Público se haya sentido "muy respaldado para actuar de manera independiente".

La CICIG fue instaurada en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional, y comenzó a funcionar en 2007.

En opinión de Velásquez, desde que la CICG entró en Guatemala se modernizó la investigación criminal.

"Ha habido una variación en la legislación respecto de métodos especiales de investigación, de crimen organizado y lavado de activos, leyes en ese orden que han modernizado la legislación para la persecución del crimen organizado".

Justicia con andador

La CICIG no busca sustituir a la Fiscalía, recordó Velásquez, sino de apoyar y colaborar con ella.

"Adelantamos las investigaciones de manera conjunta y, en esa medida, el Ministerio Público va adquiriendo mayores capacidades en la utilización de mejores procedimientos para asumir la investigación criminal y, especialmente, la relacionada con el crimen organizado", sostuvo.

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Para el jurista colombiano, la existencia de la CICIG no menoscaba la independencia del sistema judicial guatemalteco.

El país tiene independencia en este terreno ya que la CICIG no puede actuar unilateralmente, aseveró.

Nosotros "no podemos acudir ante un juez para pedir una orden de captura, de allanamiento o de interceptación telefónica, todo lo tienen que hacer los fiscales guatemaltecos, realmente en muchos casos la investigación criminal está a cargo del Ministerio Público exclusivamente, nosotros acompañamos", indicó el jefe de la comisión.

En su opinión, la evaluación de la presencia de la CICIG "la tienen que hacer las instituciones de justicia, cuando su fortaleza determine que no se necesita ese apoyo", continuó.

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El paso más importante es establecer un sistema de justicia "mínimamente aceptable", según Velásquez.

De los 340 municipios que existen en Guatemala, solo 34 (el 10 por ciento) cuentan con Fiscalía y ésta "es precaria, por lo que no pueden abordar bien la investigación criminal".

Mientras el promedio latinoamericano es de 12 jueces por 100.000 habitantes, el de Guatemala no llega a siete jueces por cada 100.000 personas.

Modernizar a los partidos

Para Velásquez, Guatemala debería modernizar su sistema de partidos.

Aunque hubo reformas, "no se han iniciado con la profundidad esperada, como es el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos", apuntó.

"Una democratización del sistema político, una ampliación de la posibilidad de que la población participe activamente en la política, van a lograr que el Estado de derecho vaya por buen camino", opinó.

Tras un conflicto armado interno devastador (1960-1996) Guatemala sigue lidiando con una pobreza que afecta al 70 por ciento de sus 16 millones de habitantes.

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