Belén (nombre ficticio para proteger su identidad), de 27 años, fue condenada el pasado 19 de abril por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía" de un feto encontrado en un baño del hospital público Avellaneda, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
El feto fue hallado por personal hospitalario el 21 de marzo de 2014, día en que la joven, que estaba embarazada sin saberlo, ingresó al centro por dolores abdominales y terminó con un "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones", según su historia clínica.
La Cámara Penal de la provincia denegó en mayo el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Belén, por lo que ahora debe expedirse la Corte Suprema de Justicia.
La edad gestacional del feto encontrado en el baño, por otro lado, varió entre las 15 y las 32 semanas de gestación, según dictaminó la investigación penal en según qué momento.
"Ningún profesional justificó en qué criterio basa sus apreciaciones", destacó Marta Alanis, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, encargada de la defensa de Belén.
Otras son las inconsistencias que presenta el caso. El feto encontrado fue rescatado a las 3 de la madrugada, mientras que Belén ingresó al hospital casi una hora después, según los autos.
Ninguna prueba vincula filialmente a Belén con el feto, que fue enviado a una fosa común antes de que se pudieran realizar los análisis pertinentes.
"Esto demuestra cómo el Estado trata a las mujeres a través del sistema de salud, y cómo las trata el sistema judicial, lo que es parte de un debate sobre el sistema político y la hipocresía de una sociedad que sigue criminalizando las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos", señaló Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Las organizaciones presentes recordaron que parte del personal sanitario que atendió a Belén declaró después ante la justicia en contra de la acusada, violando el secreto profesional que ampara a todos los pacientes de acuerdo a la jurisprudencia procedente de la Corte Suprema de Argentina.
Sin evidencias, el caso tuvo desde el principio multitud de contradicciones. El punto central fue "la vulnerabilidad de una mujer joven, por lo que la causa se construyó dudando de su palabra constantemente", añadieron los organismos.
"La responsabilidad de los médicos está en juego porque violaron el secreto profesional, por eso las mujeres tienen miedo a acceder al sistema de salud por esos motivos y que tiene que ver con la cultura patriarcal que afecta a todos los servicios del país", indicó Paola García Rey, una de las directoras de Amnistía Internacional.
"La condena a Belén busca marcar un disciplinamiento hacia el conjunto de las mujeres cuando no se respetan derechos como el aborto no punible", concluyó Soledad Sola, diputada del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT).
Además de Amnistía, el CELS, el FIT y la AABA, las instituciones que se presentaron ante la Corte Suprema como amicus curiae son los Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres — CLADEM, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELLA), y el Innocence Project Argentina — IP Argentina, el Consejo Nacional de la Mujer y la Defensoría General de la Nación.
