"Le solicito a su administración establecer un sistema formal bajo el cual la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de la legislación sobre los gastos e ingresos", dice la misiva de Pierluisi, quien ocupa el cargo de representante de Puerto Rico sin voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés), que EEUU puso en vigor el 30 de junio, "faculta a la Junta de Supervisión a revisar toda la legislación aprobada por el Gobierno, pero este poder está limitado y bien definido".
Esa Junta, cuyos miembros todavía no han sido nombrados, despertó muchas críticas por los poderes que tendrá por encima del Gobierno del Estado Libre Asociado.
Pero, argumenta Pierluisi, si el gobernador informa a la Junta sobre el impacto presupuestal de la ley aprobada y una certificación de que no es incompatible con el plan fiscal, ambos emitidos por la OGP, entonces las leyes aprobadas por Puerto Rico estarían "completamente exentas de ser revisada por la Junta de Supervisión".
"En resumen, siempre y cuando el Gobierno de Puerto Rico legisle responsablemente, es sumamente improbable que cualquier ley aprobada sea revisada por la Junta y mucho menos devuelta", dice Pierluisi en su carta.
Pero la disposición fue derogada en 2013.
Puerto Rico se vio obligado a aceptar la ley Promesa luego de que García Padilla admitiera en 2015 que la deuda pública de 70.000 millones de dólares era impagable y de que tanto el Congreso como la justicia de EEUU le prohibiera el derecho a declararse en quiebra y renegociar con sus acreedores.
