El cometido del CIADI es resolver contenciosos haciendo valer los acuerdos de protección jurídica de las inversiones internacionales. La institución puede formar tribunales arbitrales que examinan los casos presentados por las empresas contra los Estados a la luz de tratados bilaterales de protección de inversiones y de un convenio internacional firmado en 1965.
Los Estados no pueden demandar a las multinacionales ante el CIADI y tampoco invocar sus legislaciones nacionales ni el derecho internacional público.
Las decisiones de los tribunales "ad hoc" del CIADI no se pueden recurrir.
Varios países han decidido retirarse del organismo, Bolivia lo hizo en 2007, Ecuador en 2009 y Venezuela 2012.
Pero de todos modos, el tribunal arbitral condenó en 2015 a Ecuador en el litigio con la empresa petrolera Oxy, que en un juicio que duró nueve años reclamó 1.400 millones de dólares a Quito por cancelar un acuerdo de extracción en el 2006.
A pesar de que Ecuador ya había denunciado el convenio que lo mantenía ligado al CIADI, el presidente Rafael Correa se plegó al veredicto del tribunal arbitral y aceptó pagar 980 millones de dólares a la petrolera estadounidense.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia lucha desde hace varios años para modificar tratados de inversiones con 24 países que incluyen una cláusula de resolución de contenciosos en el CIADI.
A pesar de haberse retirado del organismo, en 2015 el Gobierno boliviano fue condenado a pagar 50 millones a la empresa química Quiborax por un litigio sobre una concesión en el salar de Uyuni. Bolivia anunció que no acataría el fallo.
El CIADI ha sido también cuestionado por el secretismo de sus deliberaciones y por los altos costos que deben afrontar los países pobres para ejercer su defensa.
