"El hostigamiento por parte de un sector del Poder Judicial, que forma este "partido judicial", reviste un carácter ya casi ridículo", afirmó la exmandataria a la salida de los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, donde acudió para notificarse del procesamiento y el embargo dictados en su contra.
"Estamos ante un tráfico de información, de documentación, de connivencia entre el juez y la denunciante", denunció.
El procesamiento de la expresidenta en esta causa no está firme porque fue apelado ante la Cámara Federal. A su vez, Fernández fue admitida como querellante por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires en otro proceso que investiga la actuación de Bonadío en la investigación del "dólar a futuro".
Según la resolución de Bonadío, Fernández "hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas", en referencia al Banco Central.
El proceso de Bonadío no se centra en este tipo de operaciones, que se realizan de manera regular, sino por el valor fijado para el dólar en momentos en que Argentina tenía control de cambios, escasez de la divisa estadounidense y fuertes expectativas de devaluación.
En el segundo semestre del año pasado, el Banco Central supuestamente habría intentado contener la devaluación incrementando la venta de dólares a futuro, pero la operación provocó enormes pérdidas cuando el Gobierno de Mauricio Macri terminó con el control de cambios semanas después de asumir en diciembre de 2015.
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Bonadío investiga además si en las ventas de dólar futuro que realizó la entidad monetaria fueron beneficiadas empresas o personas allegadas al anterior Gobierno.
En ese sentido, mencionó el aumento de las tarifas de servicios públicos, decretado por el Gobierno de Mauricio Macri, y "la caída de la actividad económica".
Fernández se encuentra imputada en otras dos causas judiciales.
Una investiga supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de su empresa hotelera Hotesur, mientras la segunda, también en manos de Bonadío, indaga sobre los alquileres realizados por medio de la sociedad Los Sauces, propiedad de la exmandataria, bajo sospecha de presunto enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos.
