A partir del memorando de entendimiento firmado "se empezarán a hacer acciones puntuales, orientadas a que se pase de la atención humanitaria a soluciones duraderas y sostenibles", explicó el director de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara.
Aunque la política gubernamental para los desplazados se ha enfocado en la restitución de tierras y soluciones vinculadas al ámbito rural, Grandi recordó que estas personas ya han llegado a las ciudades, por lo que se debe tomar en cuenta este aspecto.
"La legalización de su estadía en comunidades urbanas es quizá la mayor prioridad de cara al posconflicto", explicó Grandi, quien añadió que en caso de que estas personas no quieran regresar a sus tierras, "tienen que tener empleo (y) acceso a servicios públicos".
Según datos del Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 6.803.961 personas desplazadas, lo que representa el 14 por ciento de la población.
De esa cifra, el 50 por ciento está concentrado en 27 centros urbanos, según el diario El Espectador.
