"El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país", señaló a la agencia oficial Télam el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Martín Borrell.
Publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado, el decreto 820/2016 modifica la normativa anterior, que consideraba como extranjero a cualquier titular con "un porcentaje superior al 25 por ciento" del capital procedente del exterior, y establece que para esa categoría un titular extranjero tendrá que tener "más del 51 por ciento del capital social de una persona jurídica".
A través del nuevo decreto, el Ejecutivo ordenó a las provincias que definan en 30 días esa "equivalencia", pues caso contrario, esa labor quedará a cargo de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales que "fijará las equivalencias".
Los extranjeros, por otro lado, no tendrán restricciones para comprar aquellas tierras ubicadas en una "zona industrial", "área industrial" o "parque industrial", que antes tenían un límite del 15 por ciento.
Según la nueva normativa, firmada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un área industrial "no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.
El nuevo decreto interviene al regular situaciones que no habían sido contempladas en un decreto anterior, el 274 publicado en 2012, que legalizaba el límite a la extranjerización del territorio argentino.
Uno de los artículos de la Ley de Tierras estipulaba que "en ningún caso" personas físicas o jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera podrán superar el treinta por ciento (30 por ciento) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales".
Portavoces del Ministerio de Justicia añadieron que "el Decreto 274/12 cumplió en forma parcial e incompleta con ello, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el comercio e inversiones inmobiliarias", y subrayaron que "el nuevo Código Civil y Comercial en el 2015 produjo nuevas lagunas regulatorias".
Sancionada el 22 de diciembre de 2011, la Ley de Tierras Rurales marcaba las restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Cámara de Inmobiliarias Rurales ha manifestado su apoyo al nuevo decreto de Gobierno porque alienta la expansión del negocio agroindustrial.
El oficialismo impulsa un proyecto de ley, entre tanto, que busca eliminar del todo los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, de acuerdo a diversos medios del país.
