Los artículos de la ley aprobada por el Senado que fueron objetados por el presidente y criticados por empresarios y organismos civiles señalan "que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales", es decir dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio, pagos de impuestos y posible conflicto de intereses.
Ese pasaje para extender la vigilancia a cualquier persona o empresa, fue introducido por la bancada oficialista del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) y había sido objetado por toda la oposición de izquierda y derecha, organismos civiles por la transparencia, e incluso causó la primera manifestación en la historia del empresariado en las calles, el viernes pasado.
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El consejero jurídico el poder Ejecutivo dijo que "el Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones".
Temor de particulares
El argumento de la Presidencia es que esa ley "también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos al gobierno, y lo más importante: afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones", por ejemplo los beneficiarios de programas sociales o los becarios e investigadores en ciencia y tecnología.
El consejero jurídico presidencial dijo que las críticas a esa ley "han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, y resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución".
Si la ley hubiese sido promulgada por el mandatario en esos términos, "afectaría de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos, e incluso de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa trasnacional", aceptó.
Las modificaciones planteadas son para fortalecer el sistema anticorrupción integrado por siete leyes, incluida la llamada Tres e Tres "de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar", advirtió.
Esa ley ideada originalmente por la organización civil Transparencia Internacional, establece herramientas novedosas contra el conflicto de intereses, como el que ha sido señalado a la esposa del mandatario, por comprar una mansión financiada y construida por un contratista del Estado, amigo del presidente, pero que fue desechada en una investigación del propio gobierno, criticado por ser juez y parte.
Juan Pablo Castañón, presidente nacional del Concejo Coordinador Empresarial, dijo que la llamada "Ley Tres de Tres" "es excesiva, al aplicarse a cualquier persona o empresa" y es "completamente inaplicable en la práctica".
Los inversionistas opuestos a la ley aclaran que no piden beneficios de "un régimen de excepción favorable, porque no ignoramos que la corrupción también puede involucrar a empresarios", entre las más de 100.000 compañías registradas como proveedores del Gobierno.
El presupuesto federal mexicano asciende en 2016 asciende a unos 240.000 millones de dólares, y organismos civiles de expertos consideran que alrededor del 10 por ciento se pierde anualmente en actos de corrupción, es decir 20.000 y 25.000 millones de dólares.
