El abogado, Manuel González Peeters, argumenta así que su defendido estaba "tranquilo" porque consideraba que, al estar supervisado por la Casa Real, "no se hacía nada ilegal".
Sin embargo, el fiscal, Pedro Horrach, argumenta que no está probado que la Casa Real estuviese al tanto de las actividades del Instituto Nóos.
González Peeters manfiestó en el juicio que se limita a decir "lo que dijeron en su día Diego Torres, el propio Urdangarin, la Infanta Cristina, José Manuel Romero (exasesor de la Casa Real) e incluso Carlos García Revenga (exsecretario personal de las Infantas)".
"No se podía saber en ningún caso que aquello que se estaba llevando a cabo pudiera tener alguna suerte de atisbo de irregularidad, entre fundadas razones porque la más alta institución de nuestro país estaba al tanto de todo, y se le preguntaba todo", insistió el letrado.
El conocido como caso Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que dirigían Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, obtuvo más de seis millones de euros del erario público para organizar jornadas de turismo y deportes, pero sólo destinó 1,6 millones a este objetivo.
El sindicato ultraderechista Manos Limpias, de la acusación, pide para el marido de la infanta 26 años de prisión y el fiscal anticorrupción un poco menos, 19 años y medio de prisión para el cuñado del actual Rey de España.
Además de la pena de prisión, el cuñado del monarca se enfrenta a una multa de 3,5 millones de euros.
Manos Limpias acusa a la infanta de "cooperadora necesaria" en dos delitos fiscales atribuidos a su esposo, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción tan solo la acusa de haberse lucrado de parte de más de un millón de euros que percibió de forma irregular de la sociedad Aizoon, de la que era copropietaria en el 50 por ciento junto a su marido, pero no hay petición de prisión.
